El concejal Alexis Castillo, en condición de ciudadano, acudió al Consejo de Estado para solicitar la nulidad de la resolución de la CREG que establece cobros adicionales asociados al consumo de energía. La demanda está pendiente de admisión.
Con una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, desde Barranquilla le salieron al paso a la nueva normativa de la CREG que establece metas individuales de ahorro de energía y cobros adicionales para quienes superen su consumo.
La acción fue radicada hace una semana por el concejal Alexis Castillo, quien argumentó que la Resolución 101 126 del 21 de agosto de 2026 de la CREG, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, es desproporcionada al aplicarse de manera uniforme en todos los departamentos, capitales, municipios y veredas del país.
“En la región Caribe no nos pueden medir de la misma forma como miden a las familias de Tunja, como miden a las familias de Bogotá, como miden a las familias de Medellín. Es imposible”, aseguró Castillo durante su intervención. Según explicó, la norma establece unos incentivos para quienes ahorren, pero también un castigo para quien consuma más de la meta fijada.
El cabildante cuestionó que se aplique el mismo rasero en zonas con realidades climáticas totalmente distintas. “¿Acaso aquí nosotros amanecemos con ocho grados, siete grados, catorce grados? Aquí la sensación térmica muchas veces llega a los 45 grados“, dijo, señalando que en la Costa el uso de abanicos y aires no es un lujo sino una necesidad.
La nueva resolución de la CREG contempla una meta individual, una zona neutra de consumo y un cobro por sobreconsumo para quienes excedan el límite. El mecanismo, según la comisión, busca incentivar el uso eficiente de la energía y que tiene carácter transitorio, en el marco de un fenómeno del Niño que se aproxima y que, conforme a lo previsto, será extremo.
Para Castillo, la medida agrava un problema estructural que dejó Electricaribe y que hoy continúa con Air-e. Denunció que el 70 % de los transformadores en la región tiene más de dos décadas sin reparación ni mejora, lo que explica por qué la primera queja en las comunidades, después de la seguridad, es “se nos fue la luz o el transformador se dañó”.
Finalmente, advirtió que mientras se intenta aliviar la canasta familiar con medidas como seis metros cúbicos de agua gratuitos, ese ahorro se pierde con el aumento de la tarifa de energía.
“Ya está bueno de tanto pañito de agua tibia con esta empresa. Intervención por aquí, intervención por allá y las familias lo siguen esperando”, concluyó, pidiendo voluntad política para resolver de fondo lo que calificó como el “cáncer de Air-e” en la región.
El concejal reiteró que su actuación ante el Consejo de Estado la realiza en condición de ciudadano, en ejercicio de los mecanismos que contempla el ordenamiento jurídico para solicitar el control judicial de los actos administrativos.
La discusión, ahora, queda en manos de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que deberá determinar si la demanda cumple los requisitos para su admisión y, posteriormente, resolver las pretensiones planteadas dentro del proceso.
