Este lunes continuará la audiencia con la sustentación de apelación por parte de la Universidad, el Ministerio de Educación y Ramsés Vargas.
En la mañana de este miércoles 8 de abril, se produjo el fallo de un juez de control de garantías que ordenó el restablecimiento de los derechos de Silvia Gette, decisión que la reconoce como víctima y que implicaría su retorno a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla.
Dicha decisión judicial es de orden devolutiva, por consiguiente, no solo le devuelve la posibilidad a Silvia Gette de asumir nuevamente la rectoría, sino también de volver a instalar los órganos de control de la universidad del año 2013 (Sala General y Consejo Directivo).
Cabe recordar que varios directivos de la época, hoy, se encuentran ausentes por muerte como: Eduardo Vargas Osorio, Orietta Martinez y Orlando Saavedra Magri. Por su parte, Tamit Turbay, se encuentra prófugo de la justicia luego de ser imputado por la Fiscalía por presunto fraude procesal en la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.
“Mi salida de la rectoría fue consecuencia de una serie de decisiones irregulares administrativas y jurídicas. Para el 2013 me encontraba de licencia y el señor Ramsés Vargas se hizo nombrar rector de manera ilegal, violando los estatutos de la universidad que establecían que en caso de ausencia del rector, debía asumir como rector encargado el vicerrector, que en ese momento era Mariano Romero“, indicó Gette a Impacto News.
Bianith Bohórquez, abogada defensora de la exrectora, expresó que el eje central del fallo radica en el reconocimiento de que su desvinculación de la institución no se produjo en condiciones transparentes. “Existen indicios sólidos de inconsistencias en las actas del Consejo Directivo que dieron paso al nombramiento de otro rector en 2013, lo que habría configurado una vulneración directa de sus derechos”. Esta tesis fue respaldada por elementos recopilados por la Fiscalía General de la Nación.
Otro de los argumentos clave expuestos por la defensa tiene que ver con el cumplimiento de la condena impuesta contra Silvia Gette por la denuncia de abuso de confianza y la salida de un millón de dólares de las arcas de la universidad. A pesar de la condena, Gette indica que dicho egreso fue autorizado por los órganos de control del alma mater.
“El juez concluyó que Gette ya saldó la deuda con la justicia, lo que implica, según el principio constitucional de resocialización, que no puede seguir siendo objeto de restricciones adicionales para ejercer cargos. Mantener limitaciones posteriores a la pena equivaldría a una sanción perpetua no contemplada en la ley”, agregó la defensa.
La abogada Bohórquez también ha sostenido que, tras el cumplimiento de la pena, no existe actualmente ninguna inhabilidad legal ni estatutaria que le impida regresar a la rectoría. Este punto resulta fundamental, pues la decisión devolutiva del juez desmonta el estatuto establecido en la rectoría de Ramsés Vargas, al establecer el impedimento de asumir la rectoría quien fuese condenado por la justicia.
Aunque la determinación es de primera instancia y ha sido objeto de apelaciones, el pronunciamiento judicial representa un respaldo significativo a la tesis de que los derechos de Silvia Gette fueron vulnerados y que su retorno a la rectoría estaría jurídicamente habilitado.
