El ministro de Defensa precisó que la adolescente “se encontraba en función continua de combate”.
Una adolescente de 16 años figura entre los cuatro integrantes del Frente 33 de las disidencias de las FARC que murieron en el bombardeo ejecutado el pasado 10 de octubre contra tres campamentos de esa estructura en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Así lo confirmó el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, al entregar el balance final de la operación, la cuarta de este tipo realizada durante el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
Según el Ministerio de Defensa, las cuatro personas abatidas, tres hombres y una mujer, pertenecían a la facción comandada por alias Calarcá. El Instituto Nacional de Medicina Legal estableció que la femenina era una menor de 16 años. El ministro Mora precisó que la adolescente “se encontraba en función continua de combate” en el momento de la acción militar y rechazó el reclutamiento y uso de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales.
La operación, que se inició hacia las 10:00 p. m. del 10 de octubre, estuvo dirigida contra objetivos militares previamente identificados mediante labores de inteligencia. Tras los ataques aéreos, las tropas ingresaron a la zona para asegurar y registrar el área. Durante esa fase, tres soldados resultaron heridos por la activación de un campo minado en sectores aledaños.
Además de los cuatro muertos, las autoridades localizaron un búnker, tres áreas preparadas con artefactos explosivos improvisados y tres campamentos con capacidad aproximada para albergar a 36 integrantes de la organización.
En el material de guerra incautado se cuentan diez fusiles, una ametralladora, dos armas cortas, 57 cargadores y más de 3.860 cartuchos de diferentes calibres, junto con material de intendencia y brazaletes alusivos a las FARC.
“El propósito de esta operación fue proteger a las comunidades rurales del municipio de Tibú del accionar armado del ELN y del Frente 33. En su confrontación armada, estos grupos han destruido numerosas viviendas mediante ataques con drones cargados con explosivos y han sembrado campos minados que ponen en riesgo a la población civil”, justificó el alto funcionario.
Este bombardeo se suma a las acciones ofensivas que el Gobierno ha priorizado en zonas de alta presencia de grupos residuales. El ministro Mora subrayó que la intervención contempló medidas para proteger a la población civil y se desarrolló en el marco del Derecho Internacional Humanitario.
