¿Éxito rotundo en seguridad o violación a los derechos humanos?, esas son las dos consignas que la sociedad brasileña y la comunidad internacional hoy pregunta.
La ciudad de Río de Janeiro está bajo un manto de duelo y controversia tras la megaoperación policial “Contención”, lanzada el martes contra el Comando Vermelho (CV), la principal facción criminal que controla gran parte de las favelas.
Lo que comenzó como un despliegue masivo de 2.500 agentes para ejecutar más de 100 órdenes de arresto y allanamientos, se ha convertido en la redada más mortífera de la historia del estado, con al menos 132 fallecidos confirmados hasta el momento, según la Defensoría Pública de Río.
Entre las víctimas se cuentan 115 presuntos criminales y cuatro policías, aunque residentes denuncian ejecuciones sumarias y mutilaciones que elevan la cifra real y cuestionan la proporcionalidad de la acción. La operación se centró en los complejos de favelas de Penha y Alemão, en la zona norte de la ciudad, hogares de unos 200.000 habitantes en condiciones de extrema pobreza.
Los enfrentamientos, que duraron horas e incluyeron tiroteos intensos, barricadas erigidas por miembros del Comando Vermelho y hasta ataques con drones armados, dejaron calles bloqueadas, comercios cerrados y un panorama de devastación. Residentes recuperaron docenas de cuerpos de zonas boscosas, como la Serra da Misericórdia, y los expusieron en plazas como la de Vila Cruzeiro para visibilizar la tragedia. Imágenes impactantes mostraron filas de cadáveres cubiertos con sábanas, rodeados de familiares en llanto.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, afín al expresidente Jair Bolsonaro, defendió la operación como un “éxito rotundo” en una rueda de prensa realizada el pasado miércoles. “Las únicas víctimas inocentes fueron nuestros policías heroicos”, afirmó el mandatario, minimizando las muertes civiles y destacando la incautación de más de 50 fusiles de asalto, “una cantidad enorme de drogas” y la captura de dos líderes clave de la organización criminal perseguida.
El mandatario, que compartió actualizaciones en tiempo real vía X (antes Twitter), atribuyó la resistencia criminal al uso de drones y explosivos, comparando a los traficantes con “guerrilleros” que controlan territorios equivalentes a estados paralelos. Castro también criticó al gobierno federal por “dejar solo a Río en esta guerra”, en un contexto de tensiones políticas previas a las elecciones de 2026.
En contraste, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su “horror” por el saldo humano a través de su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, quien lo calificó como “un baño de sangre y una enorme tragedia”. El gobierno nacional, que no participó en la planificación, según fuentes oficiales, anunció el envío inmediato de 20 peritos de la Policía Federal para investigar posibles abusos y peritajes forenses.
Lewandowski confirmó que en los próximos días presentará al Congreso un Proyecto de Ley Antifacciones para combatir el crimen organizado a nivel nacional. Además, se creará una Oficina Emergencial de Combate al Crimen Organizado, coordinada con el secretario de Seguridad de Río, Victor Santos. El ministro rechazó las acusaciones de Castro sobre falta de apoyo, recordando que el gobierno ha realizado 180 operaciones federales en Río de Janeiro solo en 2025, 24 de ellas contra drogas y armas.
Frente al acontecimiento, la ONU, a través de su secretario general António Guterres, se mostró “profundamente preocupado” por el “elevado número de víctimas mortales” y exigió una investigación exhaustiva sobre posibles violaciones a los derechos humanos. El Tribunal Supremo de Brasil, por su parte, ordenó a Castro entregar explicaciones detalladas sobre la planificación y ejecución de la operación, en respuesta a denuncias de la Defensoría Pública y organizaciones civiles que hablan de una “masacre planificada”.
En las calles, la indignación estalló en protestas masivas. Decenas de residentes de las favelas marcharon frente a la sede del gobierno estatal, gritando “¡asesinos!” y ondeando banderas brasileñas teñidas de rojo con pintura.
Esta no es la primera vez que Río de Janeiro vive una escalada letal: en 2021, la favela de Jacarezinho dejó 28 muertos, y en 2005, la Baixada Fluminense registró 29. Mientras la ciudad intenta recuperar la normalidad, con el tránsito reabierto pero la tensión latente, la megaoperación “Contención” deja un saldo amargo: un golpe táctico al Comando Vermelho, pero un “fracaso” en términos de justicia y paz social.
