Los dirigentes de la entidad argumentaron que “hay una crisis en el sistema de salud, con índices históricos de desfinanciación”.
Un sorpresivo anuncio hizo la EPS Sura en la mañana de este martes 28 de mayo, cuando de manera pública manifestaron que han solicitado al Gobierno nacional su retiro voluntario como entidad promotora de salud, como consecuencia de la crisis presentada en el sistema de salud y de los índices de desfinanciación.
En rueda de prensa, Juana Francisca Llano, presidenta de Sura, señaló que “el país gasta más de lo que dispone para el sistema de salud”, lo cual ha propiciado “una desfinanciación histórica” que en el caso particular de esta EPS compromete su patrimonio en 360 mil millones de pesos.
En ese sentido, la dirigente precisó que han presentado un plan de desmonte progresivo, que “si es aceptado por el Gobierno nacional, permitirá la continuidad de la prestación del servicio a los más de 5 millones de afiliados”.
En medio del anuncio, el gerente de EPS Sura, Pablo Otero Ramón, explicó que es una decisión difícil para ellos como entidad, usuarios y prestadores de salud, pues tiene implicaciones sobre todos, pero aseguró que su propósito es mantener la prestación del servicio y por eso han presentado la propuesta de desmonte progresivo al Ejecutivo.
“Buscamos proteger de manera ordenada la salud de más de 5 millones de afiliados. Estaremos como EPS hasta que el Gobierno nos apruebe el programa de desmonte progresivo que hemos presentado. La Supersalud debe aprobar el plan que presentamos, apenas esto ocurra, lo haremos de manera ordenada”, indicó Otero.
Igualmente, fue especifico al mencionar que si la Superintendencia de Salud no aprueba la solicitud, EPS Sura estaría dispuesta a negociar con el Gobierno nacional, ya sea para ser intervenida y así poder sostener la prestación del servicio de salud a sus afiliados, recalcando con ello que se trata de “problemas estructurales que las reformas planteadas no resuelven”. Asimismo, detallaron que en caso de ser aprobada la petición de retiro voluntario, sus usuarios serían asignados a otras EPS receptoras.
“Mantendremos el servicio hasta el día que el Gobierno autorice el programa de desmonte que presentamos, seguiremos hasta cuando se finiquite. La prepagada no tiene implicación y seguirá su rumbo normal como la conocemos”, explicó la presidenta de Sura.
Finalmente, expresaron que el desmonte progresivo del que hacen alusión puede tardar 65 días para que sea resuelto y respondido por la Supersalud, esperando otro tiempo para que se acuerde el plan de ejecución. “El desmonte progresivo es la decisión más responsable con los afiliados y los prestadores del servicio de salud”, reafirmaron.
Redacción: Luis Ángel Terán
