El togado había compulsado una investigación contra varios empresarios de la costa Caribe por nexos con el paramilitarismo.
Preocupado y temiendo por su integridad se encuentra Gustavo Roa Avendaño, magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, quien denunció que desde hace algunos días viene recibiendo amenazas de muerte en su contra.
Según la emisora W Radio, las intimidaciones estarían relacionadas con la compulsa de copias que el magistrado había realizado para investigar a empresarios de la región Caribe por presuntos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Dice el mismo medio que, el magistrado Gustavo Roa en semanas anteriores solicitó a la Fiscalía la investigación de dos presuntos exfinanciadores del grupo paramilitar, basándoselas en unas declaraciones hechas por Salvatore Mancuso.
En las denuncias hechas por el togado, el pasado 12 de septiembre fue alertado a través de mensajes de textos sobre un plan que estarían perpetrando para que sicarios atenten contra su vida y la de su familia, por lo que pidió a la UNP reforzar su seguridad y e integrar dentro del esquema a su único hijo.
Asimismo, según el mismo medio de comunicación, dentro de las investigaciones que el magistrado pidió a la Fiscalía adelantar, se encuentras los nombres de “los socios de las empresas Camagüey y Palmeras de la Costa, Rafael Antonio Matera y Alfonso Macías Vargas por presuntamente haber servido como financiadores del extinto grupo”.
En esa dirección, sostuvo en uno de sus artículos la Agencia de Periodismo Investigativo que, el magistrado denunció otro incidente ocurrido el 8 de septiembre en el que “un conductor relacionado con la familia de Alfonso Macías Vargas, identificado como Adalberto Ortiz, fue sorprendido tomando fotografías a la camioneta propiedad de la familia del magistrado mientras su hijo ingresaba al edificio donde residen”.
