El agente interventor, John Milton Rodríguez, también puso la lupa para determinar si hubo algún detrimento patrimonial a través de esta cartera, creada por Petro y promovida por Francia Márquez.
Por: Iván Peña Ropaín.
En cumplimiento de la ordenanza del gobierno de Abelardo de la Espriella, se arrancó con todo la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, comenzándose el desmonte de cinco de los ocho pisos que la entidad tenía arrendados en Bogotá.
El proceder, que busca ahorrar más de $2.000 millones al año en gastos de alquiler, fue encabezado por John Milton Rodríguez, el agente liquidador designado por el presidente De la Espriella. Ese funcionario indicó, en medio del procedimiento, que los espacios que están siendo desmontados permanecían sin uso.
Es de anotar que esta determinación, aplaudida por muchos, pero también repelida por otros, hace parte de un proceso mucho más dispendioso y que tiene que ver con la desaparición administrativa de ese Ministerio, ordenada después de que no prosperara en el Congreso de la República una iniciativa que buscaba mantenerlo vigente.
El Gobierno nacional ha asegurado que los recursos que dejen de destinarse a esos arriendos podrán utilizarse en otras necesidades que, verdaderamente, ayuden al pueblo.
Recordemos que este proceso liquidador se hizo incipiente tras la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, mediante la cual fue declarada inexequible la Ley 2281 de 2023, norma que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad. Tal nacimiento de ese despacho del Ejecutivo se dio por la autorización del entonces presidente Gustavo Petro y fue promovido por la vicepresidenta Francia Márquez.
Sobre el fallo, se estableció que los efectos de la creación de la cartera cesarían al finalizar la legislatura 2025-2026. Sin embargo, en el Legislativo, gentes del ‘petrismo’ intentaron impulsar un proyecto de ley para darle continuidad, pero la iniciativa no alcanzó a ser tramitada por la corporación en la que se hacen las leyes dentro del tiempo disponible. ¡Por eso, se derruyó!
Partiendo de ese escenario, el actual Gobierno nacional conminó inmediatamente, poco tiempo después de su posesión, a iniciar la liquidación. Además, mientras avance la liquidación, la entidad no podrá iniciar nuevas actividades ni contratar nuevos servidores públicos.
¡Administración De la Espriella pone la lupa!
La ejecución del desmonte de las oficinas ocurre mientras la administración De la Espriella también pone la lupa a la contratación que se llevó a cabo en la entidad durante sus últimos meses de funcionamiento.
De acuerdo con palabras que ha dicho a los medios de comunicación el vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, en los primeros diez días de la liquidación ya fueron examinados más de 60 contratos que tendrían un valor conjunto cercano a $469.000 millones.
Ese funcionario había asegurado que uno de los puntos identificados fue la concentración de más de $171.000 millones en contratos de una misma empresa. También había afirmado que, durante el año anterior, la ejecución de los recursos de inversión habría sido de apenas 5 %.
Tales delicados señalamientos corresponden a la revisión adelantada por el actual Gobierno de Colombia y deberán ser establecidos por las autoridades competentes.
Así las cosas, por ahora, el proceso avanza con normalidad con el citado desmonte de los espacios arrendados y la revisión de las obligaciones de la entidad, siendo el siguiente actuar definir cómo quedarán las funciones y programas que estaban a cargo del Ministerio mientras se completa su liquidación.
