El padrastro del menor de 11 años fue quien lideró el pago para que las disidencias de las FARC lo entregaran después de 18 días en cautiverio.
Por medio de entrevistas a distintos medios de comunicación del país, la familia de Lyan Hortúa y la defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmaron que tuvieron que pagarle a los secuestradores para que liberaran al menor de 11 años.
Sebastián Bonilla, tío de Lyan, señaló en diálogo con La FM que tuvieron que acordar el pago a los captores por la entrega del niño al ver la poca eficiencia de las autoridades y del Gobierno nacional, pues temían por su vida.
“Nosotros al ver la poca eficiencia de la autoridad y con toda la zozobra de que le pudiera pasar algo pagamos el rescate. El valor me lo reservo por seguridad del niño y de nosotros, pero nos vimos en la obligación de pagar un rescate (…) En este momento nos dejaron endeudados”, comentó el familiar.
Aunque en la entrevista el tío de Lyan no quiso revelar el monto entregado a los secuestradores, el diario El Tiempo informó que fueron en total 4.000 millones de pesos, luego de un acuerdo entre la familia y los captores, quienes en principio exigían $5.000 millones.
“Muchas personas del Estado nos decían que había que negociar con ellos (secuestradores) y eso fue lo que hicimos porque no nos ofrecieron más soluciones que esa. Sentimos un total abandono del Gobierno de Gustavo Petro”, agregó el tío del menor.
El Tiempo señaló que la negociación fue liderada por el padrastro del niño, Jorsuar Suárez, quien habría sido citado en la noche del martes 20 de mayo por disidencias del frente Jaime Martínez y este 21 de mayo, se desplazó hasta el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, para concretar el acuerdo.
“De acuerdo con la información recopilada por este diario, una vez sellado el trato, el niño fue entregado a una prima, quien actuó como intermediaria de confianza de la familia. Tras el reencuentro con la Defensoría y el resto de sus familiares, Lyan fue trasladado de inmediato a la Clínica Valle del Lili, en el sur de Cali, donde se evaluó su estado de salud médico y psicológico”, citó el medio de comunicación.
A su turno, la defensora del Pueblo Iris Marín declaró que la entidad realizó el acompañamiento para recibir al niño y confirmó que la prima de la madre de Lyan fue la intermediaria. La entrega del menor se gestó en zona rural de las altas montañas del municipio de Jamundí.
“La familia ha dicho que si hubo un pago y nosotros tuvimos conocimiento por parte de la autoridad de que esto se trataba de un secuestro de tipo extorsivo, sin embargo, lo que podemos decir es que la Defensoría del Pueblo no participó de ningún tipo de negociación, digamos, de dinero por la liberación del niño y durante la liberación tampoco se dio ningún pago”, dijo la funcionaria.
Finalmente, el padrastro de Lyan Hortúa reveló que alcanzaron a sostener dos videollamadas con el niño mientras estaba secuestrado y que una de las cosas que este les dijo al reencontrase con ellos fue que lo tuvieron cuatro días amarrado. “Nos dijo que lo trataban bien”, mencionó.
“Estamos evaluando salir del país”, fueron las palabras de cierre del padrastro de Lyan, quien junto a la madre de este son una pareja de comerciantes a los que la delincuencia y la violencia que también golpea.
