En esta oportunidad, la corporada se refirió a la citación que se le hizo al secretario general de la Gobernación del Atlántico y los gerentes de Edubar y Puerta de Oro para que brinden información sobre contratos y convenios de conocimiento público.
Recientemente, la Asamblea del Atlántico aprobó una citación al secretario general de la gobernación, Pedro Lemus, junto con los gerentes de Edubar y Puerta de Oro, Angelly Melissa Criales Aníbal y Alex de Bedout, respectivamente. La intención era que explicaran en el recinto las irregularidades detectadas en los procesos de contratación: costos excesivos, falta de resultados tangibles, ejecuciones decientes y un impacto social limitado. Sin embargo, lo que debería ser un ejercicio normal de control político se ha convertido en un campo minado de presiones políticas y evasiones, según la diputada Isabella Pulgar.
La corporada hizo exaltación de su cargo y afirmó que es compromiso suyo y de sus compañeros de la duma departamental velar por los intereses de los atlanticenses, tal como lo establece la Constitución y la Ley. Precisa que una de sus responsabilidades es hacer ejercicio de control político sobre el manejo de los recursos públicos, una tarea que no es opcional, sino un deber esencial para garantizar la transparencia y la correcta administración de los bienes del Estado
Por lo anterior, insiste en que uno de los principios fundamentales de la contratación estatal es la transparencia, junto con la publicidad, pilares que exigen que toda la información relacionada con los contratos y convenios sea de conocimiento público. Reitera, además, que es necesario que se esclarezca el uso de más de $670 mil millones suscritos en los últimos cinco años por la Gobernación del Atlántico, a través de convenios interadministrativos con empresas de economía mixta como Edubar y Puerta de Oro, desde la administración de Elsa Noguera.
“Las respuestas al cuestionario que previamente enviamos fueron, en el mejor de los casos, incompletas. Persisten sombras y dudas razonables sobre el uso efectivo de los recursos asignados. A esto se suma un hecho alarmante: en muchos procesos contractuales, la información reportada en la plataforma SECOP es gravemente insuficiente. No se publicaron actas de inicio, pagos ni avances en la ejecución de proyectos, como lo exige la ley. Estas omisiones no son detalles menores; son signos de una gestión que, como mínimo, carece de orden y, como máximo, evade deliberadamente el escrutinio público”, cuestionó la diputada Pulgar.
En simultáneo, explicó que en los últimos cinco años, la Gobernación ha pagado más de $20 mil millones a Edubar y Puerta de Oro por funciones que bien podría realizar con su propio equipo jurídico y administrativo, que ya es bastante robusto. En ese sentido subrayó que era menester destinar esos recursos directamente a obras prioritarias para los atlanticenses, tales como agua potable, saneamiento básico, salud o educación.
“Mi deber como diputada es continuar vigilante, exigiendo claridad y resultados. Por eso, reitero que estas denuncias no son, ni deben ser, un impedimento para que los organismos de control fiscal cumplan con su labor de investigar y sancionar, si es necesario. Al contrario, estas acciones son el punto de partida para garantizar que los recursos públicos lleguen a donde realmente se necesitan”, agregó.
Isabella Pulgar cerró asegurando que seguirá trabajando para que se lleven a cabo cada uno de los debates de control político a jefes de las distintas carteras del departamento. “Los ciudadanos merecen una gestión pública transparente, eficiente y comprometida con el bienestar colectivo. ¿Están listos para rendir cuentas o seguirán temiéndole al debate?”, concluyó la diputada.
