Los voceros sindicales manifiestan que durante la dirigencia del coronel Daniel Gutiérrez han aumentado los asesinatos y amenazas de funcionarios del INPEC.
La crisis carcelaria que atraviesa el país luego del asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, coronel (r) Elmer Fernández, el pasado 16 de mayo, ha puesto de manifiesto cuestionamientos relacionados con el estado de protección y seguridad en la que se encuentran guardias y demás funcionarios del INPEC que lidian a diario con todo tipo de criminales y delincuentes dentro de las distintas prisiones del plano nacional.
Son muchas las amenazas de muerte que han recibido funcionarios de la entidad penitenciaria por los distintos procedimientos realizados en las cárceles, situación que ha propiciado el malestar entre sus agremiaciones sindicales, quienes han dejado ver su posición al presidente Gustavo Petro y le han solicitado la salida del actual director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez.
En ese sentido, organizaciones como el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP) y el Sindicato Nacional del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sinalpec), pidieron al mandatario de la República que remueva del cargo al coronel Martínez y en su reemplazo nombre a otro director que retome el control y el manejo de las gestiones del INPEC. Esto lo solicitan argumentando que bajo la actual dirección las amenazas de muerte y asesinatos de funcionarios han incrementado considerablemente.
“En 17 meses de gestión del coronel Gutiérrez como director del INPEC, llevamos 17 muertos, es decir, uno por mes aproximadamente, además de un número indeterminado de amenazas, todo por culpa de decisiones y órdenes improvisadas”, manifestaron.
Adicionalmente acotaron: “Señor presidente de la República, le solicitamos el cambio inmediato del director del INPEC, ya que este señor nos ha desprotegido, hemos tenido gran cantidad de muertos y funcionarios administrativos y del personal de custodia amenazados”.
Cabe mencionar que hace pocos días el mismo coronel Daniel Gutiérrez había expresado que se decretó la emergencia carcelaria ante la cifra de que en los últimos dos años unos 550 funcionarios del INPEC han recibido amenazas en su contra.
Por tal razón, entidades como la Procuraduría han intervenido en la situación y pidieron al Gobierno nacional detalles sobre las medidas adoptadas para salvaguardar la vida e integridad de los trabajadores, entre ellas, la articulación con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para proporcionar esquemas de seguridad a los amenazados.
Redacción: Luis Ángel Terán
