Los togados encendieron las alarmas tras la aparición de una bala en una de sus oficinas y disparos en la oficina del procurador delegado para la Casación Penal. Advierten que los hechos estarían relacionados con el exgobernador de La Guajira ‘Kiko’ Gómez.
Una bala encontrada dentro de una oficina y, días después, dos ventanas rotas con evidencias de disparos de fusil encendieron las alarmas en la Corte Suprema de Justicia. Los hechos fueron advertidos por el magistrado José Joaquín Urbano Martínez, de la Sala de Casación Penal, quien pidió reforzar las medidas de seguridad para los funcionarios que intervienen en un proceso contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar.
En un oficio fechado el 2 de septiembre y dirigido al presidente de la Sala Penal, Carlos Roberto Solórzano Garavito, el magistrado expuso su preocupación por la seguridad de los integrantes de la corporación. La alerta surgió luego de que se conociera información difundida en redes sociales sobre supuestas amenazas relacionadas con el proceso judicial contra Gómez.
De acuerdo con el documento, contra ‘Kiko’ Gómez se adelantó un proceso por tres homicidios agravados y concierto para delinquir. El Tribunal Superior de Bogotá había declarado prescrita la acción penal por dos de los homicidios, lo absolvió por el restante y lo condenó por concierto para delinquir.
Sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, al resolver el recurso de casación, revocó la absolución y condenó al exmandatario por homicidio agravado. La decisión, adoptada el pasado 29 de abril de 2026, estableció una pena de 31 años y ocho meses de prisión, sentencia que, según el magistrado, permanece vigente.
La preocupación aumentó después de que circulara una publicación en la que se aseguraba que un supuesto “poderoso asesino guajiro”, actualmente preso y con varias condenas, habría pedido a familiares radicarse en Italia y habría manifestado que ordenó el asesinato de tres personas. El documento oficial no establece que esa amenaza haya sido comprobada ni atribuye directamente su autoría a Gómez.
A esto se sumó un episodio ocurrido en la sede de la Procuraduría General de la Nación. Según relató el magistrado, el procurador delegado para la Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, le informó que en su oficina, ubicada en el piso 26, había aparecido una bala disparada. Posteriormente, encontró dos ventanas rotas y evidencias de dos impactos de fusil.
Ante este panorama, el magistrado José Joaquín Urbano Martínez advirtió sobre el riesgo que podrían enfrentar los integrantes de la Sala de Casación Penal por la sentencia contra Gómez Cerchar y pidió a la Dirección de Protección de la Policía Nacional conocer los hechos y aumentar las medidas de seguridad para los funcionarios y sus familias.
Presidente De la Espriella ordena reforzar la seguridad de los magistrados
El presidente Abelardo De la Espriella reaccionó con contundencia tras conocer la alerta y ordenó a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzar de inmediato la seguridad de los magistrados.
“Lo que es con la Sala Penal de la Corte es conmigo”, afirmó, al advertir que quien intente amenazar o intimidar a un juez o magistrado será perseguido y llevado ante la justicia, y aseguró que, sea quien sea quien esté detrás de las amenazas, “Kiko Gómez o cualquier otro”, las autoridades deberán establecer su responsabilidad.
“En Colombia nadie puede amenazar, intimidar o pretender doblegar a un magistrado o a un juez y creer que no habrá consecuencias. A quien lo intente le caerá todo el peso de la ley”, puntualizó el jefe de Estado.
