“La salud del Atlántico, el lunar negro de la administración”, aseguró.
El diputado Harry Canedo alzó su voz frente a uno de los escándalos más graves que sacuden a la administración departamental: la habilitación irregular de IPS fantasmas, el manejo opaco de los recursos de salud y la complicidad de altos funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental.
Tras meses de investigación, visitas de verificación en terreno y solicitudes formales de información, hoy están sobre la mesa las pruebas contundentes. IPS habilitadas para operar en locales que nunca cumplieron los requisitos: casas desoladas, talleres de motos, peluquerías, barberías e incluso viviendas abandonadas, donde jamás se prestaron servicios de salud, pero que sí recibieron millonarios giros de recursos públicos.
El esquema, al parecer, funcionaba de la siguiente manera: primero las IPS eran habilitadas para prestar servicios básicos como fisioterapia o psicología, utilizando documentación irregular que avalaba condiciones inexistentes.
Una vez conseguida la habilitación, estas empresas de papel comenzaban a facturar servicios de alta complejidad —como procedimientos quirúrgicos y estéticos— simulando un funcionamiento pleno como clínicas formales, mientras en la realidad esos servicios nunca se ofrecieron. Todo esto con la aprobación de los funcionarios encargados de verificar físicamente los inmuebles y validar los documentos.
“Más de 70 mil millones de pesos están desaparecidos, según información confirmada por el Gobierno nacional. Todo ello, con la permisividad otorgada desde la Secretaría de Salud Departamental, bajo la dirección del secretario Luis Carlos Fajardo Jordán, junto a su equipo de trabajo y la entonces subsecretaria de Salud, Rosmery Wehedeking, quien hoy ocupa el cargo de gerente de la ESE UNA. A pesar de las graves fallas en los procesos de verificación e inspección, lejos de asumir responsabilidades, la funcionaria fue promovida”, declaró Canedo.
Según el dignatario, las solicitudes de información radicadas formalmente desde marzo de 2025 ante la Secretaría de Salud fueron inicialmente respondidas con evasivas y copia de normativas generales, ignorando el fondo de las peticiones. Solo tras la interposición de una tutela y el respectivo fallo judicial favorable, el Secretario de Salud entregó respuestas incompletas, sin soportes ni evidencias de las supuestas sanciones, cierres o denuncias que asegura haber realizado.
Y agregó que a la fecha no existen pruebas de que esas IPS hayan sido debidamente sancionadas o cerradas. Lo que sí queda en evidencia es su habilitación inicial fraudulenta y del despilfarro de recursos.
“No podemos seguir premiando a quienes permitieron este saqueo. La salud del Atlántico no puede seguir siendo un botín para unos pocos. Señor gobernador, desde esta curul le hago un llamado respetuoso: es hora de oxigenar la administración, de hacer los cambios que necesita la Secretaría de Salud y de garantizar una atención digna para los atlanticenses. No más. Aquí están las pruebas, aquí están los documentos, aquí están las evidencias de nuestras visitas. Este es apenas el inicio. Seguiré solicitando el debate en la Asamblea, seguiré acudiendo a los entes de control para que se investigue y se castigue a los responsables. El departamento del Atlántico merece respeto, merece transparencia y merece salud”, reiteró el diputado.
Canedo concluyó asegurando que el siguiente paso es presentar la denuncia formal ante los entes de control para que determinen las responsabilidades penales que corresponden. “No más funcionarios que jueguen con la salud de los atlanticenses mientras las familias esperan atención, medicamentos y tratamientos. No más complicidades, no más simulaciones“, sentenció.
