De resultar veraz esta denuncia, la pregunta que queda retumbando en el ambiente político colombiano es inevitable: ¿quién habría dado la orden y quién puso la plata?
Por: Iván Peña Ropaín.
Después de un largo tiempo de mantenerse en silencio y fuera de los lentes noticiosos, María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, volvió a mostrarse, emanando una delicada denuncia que sacude los cimientos de la política colombiana.
Soltó una declaración que vuelve a poner el magnicidio del dirigente político en el centro de la tormenta nacional. Según la información que recibió antes del crimen, entregó a la Fiscalía General de la Nación y develó después de tantos meses, “la orden de asesinar a mi esposo habría salido del Congreso de la República”.
La revelación la hizo durante una entrevista con Noticias Caracol, en la que explicó que una persona, cuya identidad no puede revelar públicamente, le hizo llegar información que advertía sobre posibles atentados contra Miguel Uribe y otros precandidatos presidenciales del Centro Democrático.
El mensaje, según relató María en dicho medio de comunicación, también señalaba que el dinero para ejecutar el plan habría salido de Venezuela y que la orden se habría impartido desde el Legislativo. Pero la denuncia no se quedó solo en palabras, como nos tienen acostumbrados la mayoría de los políticos en este país, pues María Tarazona aseguró que puso en conocimiento de la Fiscalía los datos recibidos, incluidos nombres propios y fotografías, mediante los procedimientos correspondientes.
Ahora, dice ella, espera que el grupo especializado encargado del caso verifique lo suministrado y determine si existen elementos suficientes para identificar a quienes habrían planeado y financiado el asesinato. La viuda también mencionó la posible participación de un congresista del partido Comunes, surgido del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc.
Sin embargo, dejó claro que corresponde a las autoridades establecer la veracidad de esa información. Por ahora, no se puede dar por demostrada la responsabilidad de ningún parlamentario. Además, cuestionó que la investigación se quede únicamente en la identificación de los responsables materiales, pues, a su juicio, es necesario llegar hasta quienes habrían ordenado y financiado el magnicidio.
En esa línea, María Tarazona manifestó que una de las hipótesis bajo investigación contempla la posibilidad de un crimen de Estado, una afirmación de enorme gravedad que deberá sustentarse con evidencias y esclarecerse judicialmente.
La denuncia ya provocó una reacción desde el propio Capitolio. Honorio Henríquez, presidente del Congreso, solicitó formalmente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que se investiguen con celeridad las afirmaciones de Tarazona y se establezca si hubo participación de personas vinculadas al Legislativo. El mensaje es claro: si alguien del Congreso resulta comprometido, deberá responder ante la justicia.
Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025, en Bogotá, y falleció el 11 de agosto de ese año. Su asesinato dejó un profundo impacto en el país y abrió interrogantes sobre los autores intelectuales, los financiadores y las posibles conexiones detrás del crimen. Ahora, las nuevas declaraciones de su viuda ponen sobre la mesa una línea de investigación que no puede despacharse con silencios ni explicaciones a medias.
