El caso de un vendedor de peto asesinado de forma salvaje por mototaxistas abre el debate sobre este fenómeno social. ¿Cuáles son la consecuencias legales?
Por: Laura Rocco
El pasado domingo por la noche perdió la vida Dairo Manuel Martínez Madrid, un vendedor de peto que tras ser acusado de robarle a una mujer, fue amarrado a un poste y golpeado por mototaxistas el 15 de enero en el barrio Simón Bolívar. El hombre fue llevado en grave estado al Camino Simón Bolívar y de allí remitido al Camino Universitario Adelita de Char donde falleció.
Impacto News habló con Miguel Mercado, abogado penalista, doctorando en Derecho, magíster en Derecho Penal y Criminología e investigador judicial, sobre este caso que ha abierto una gran polémica en la ciudadanía.
Las vías de hecho son reprochadas por la Justicia
La falta de la presencia oportuna de las autoridades y el incremento de la inseguridad lleva a que en muchas ocasiones las personas decidan tomar justicia por sus propias manos. Esto causa que los presuntos delincuentes no solo sean capturados por la ciudadanía, sino que sean, incluso, golpeados, torturados y linchados hasta ocasionar su muerte, como ocurrió en el mencionado caso del vendedor Dairo Martínez; no obstante, desde el punto de vista objetivo, las vías de hecho tomadas por los ciudadanos cuando realizan este tipo de acciones son reprochadas por las Justicia. “Se le hace el llamado a la ciudadanía de que no tome vías de hecho porque esto la Constitución no lo permite”, afirmó Mercado.
El abogado aseguró que toda vez que presuntamente una persona sea la posible autora de una conducta delictiva, haya o no elementos materiales probatorios que impliquen que esta sea autora del hurto o delito, esto no exime a la ciudadanía de tener que respetar su derecho a la vida.
Según la esposa del vendedor de peto, éste fue golpeado, desnudado y humillado mientras suplicaba que le dejaran vivir porque tenía hijas y una familia que lo esperaba en casa. “Podríamos estar hablando de un delito de lesa humanidad como es la tortura, porque sitúan a la persona en un estado de dolor y la maltratan psicológicamente. Se hablaría de tortura porque en ese actuar se tienen unos tratos degradantes hacia el ser y la dignidad humana, que es un principio universal que la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene establecido en el artículo 11 donde protege la honra y la dignidad de todas las personas”.
¿Qué protocolos debe seguir la ciudadanía si captura a un presunto delincuente?
Son muchas las emociones que entran en juego cuando las personas se ven frente a una situación que pone en riesgo su vida y sus pertenencias. Nada justifica la delincuencia, pero tampoco se justifica que las víctimas se conviertan en victimarios. “A veces la ciudadanía no conoce el deber constitucional. La ciudadanía debe estar atada a la Constitución de Colombia porque no se necesita ser abogado para comprender los deberes, derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos”.
El abogado explica que en dado caso que la comunidad capture a un presunto delincuente, ésta debe hacer un informe detallado de los hechos, hacerle la entrega a la Policía del cuadrante y esta a su vez debe recibir el informe detallado para que se entregue al fiscal en turno y en un término no mayor a 36 horas lo pongan a disposición del juez penal de control de garantías como lo establece en el artículo 32 de la Constitución Política, y se le garanticen los derechos del capturado, lo cual se encuentra estipulado en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal.
Asimismo, Mercado manifestó: “Es deber de la comunidad no tomar las vías de hecho que son situaciones lamentables y le dan un mal mensaje al ciudadano del común, porque estos hechos trascienden al derecho a la vida como lo enmarca la Constitución”.
¿Qué consecuencias legales podría tener linchar a un delincuente?
Las personas que incurran en el linchamiento de un presunto delincuente podrían ser denunciadas, y para esto se tendría en cuenta la gravedad de los daños y lesiones ocasionados al sujeto. “A pesar de que esta persona haya podido cometer un posible delito se le deben respetar sus derechos como capturados”, explicó el abogado, quien además agregó que estas medidas violentas tomadas por la comunidad pueden terminar en una situación dolorosa para la familia de la persona linchada.
Las personas que pasen a convertirse en victimarios no podrían excusarse apoyados en la ausencia de responsabilidad penal de la que habla el artículo 32 del Código Penal, dado que las vías de hecho no son legalizadas por el Estado. “El mismo Estado debe buscar a los autores y partícipes que cometieron esta conducta para que sean sometidos bajo el yugo de la opresión del Estado por el posible delito de homicidio agravado”, puntualizó el abogado.
