La acción fue interpuesta por la presunta “vulneración de los derechos fundamentales al acceso a la información pública, la transparencia, la participación y el control ciudadano”.
Sigue la tensión en la Universidad del Atlántico tras la designación de su nuevo rector, Leyton Barrios: en las últimas horas, el Juzgado Penal Especializado 001 de Barranquilla, a cargo del juez Jorge Torregrosa Monsalve, admitió para trámite la acción de tutela interpuesta por Willian Moreno contra la institución, por incurrir, presuntamente, en la “vulneración de los derechos fundamentales al acceso a la información pública, la transparencia, la participación y el control ciudadano”, dentro del proceso de elección del máximo dirigente de la UA.
La orden dada por el despacho judicial fue vincular al Consejo Superior Universitario de la Uniatlántico, a la Procuraduría, a Mineducación, a la Defensoría del Pueblo, a la Universidad Americana, mencionada en medio del debate sobre la validez de los títulos del rector, y a los aspirantes al cargo.
“La Universidad negó la publicación de las hojas de vida, actas y documentos soporte del proceso rectoral, amparándose en la reserva de datos personales, a pesar de que los propios formularios de inscripción autorizaban expresamente la publicación y tratamiento de dicha información”, sostiene la tutela.
Para Moreno, lo anterior “constituye una violación a los principios de publicidad, moralidad y transparencia administrativa, previstos en los artículos 74 y 209 de la Constitución Política y en la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia)”.
Frente a lo expuesto, el juez consideró que el caso reviste relevancia constitucional, al verse, posiblemente, afectados, el ejercicio del control ciudadano sobre la gestión universitaria y el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en los procesos de designación pública. Por ello, ordenó la intervención de las entidades y actores mencionados para el esclarecimiento los hechos.
Quien interpuso la acción de tutela insistió en la importancia de que “la Universidad del Atlántico y todas las instituciones públicas respeten la autonomía universitaria en armonía con la transparencia y la rendición de cuentas, subrayando que la educación superior debe ser ejemplo de ética, legalidad y apertura al escrutinio público”.
