Los abogados del expresidente habían interpuesto el recurso alegando irregularidades en su derecho de defensa y esto fue desestimado este martes por un juez.
En una diligencia que inició a las 9:00 de la mañana de este martes, el Tribunal Superior de Bogotá decidió negar la solicitud de nulidad que había interpuesto el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presuntas irregularidades en su derecho a la defensa.
De esta manera, el tribunal dejó en firme que el exmandatario de la República seguirá siendo juzgado en el marco del proceso penal que se adelanta en su contra tras ser acusado por soborno y fraude procesal.
“De manera inmediata para que continúe el trámite procesal en lo que corresponde decisión numérica del expuesto el Tribunal Superior de Bogotá hasta la decisión penal administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley resuelve: primero confirmar en lo que fue materia de apelación la decisión del 24 de mayo del 2024 mediante la cual el juzgado 44 Penal del Circuito con funciones de conocimiento Bogotá negó a la defensa técnica la nulidad de lo actual. Segundo contra esta decisión no procede recurso alguno notifíquese”, leyó el juez durante la audiencia.
El alegato del abogado Jaime Granados, defensor de Uribe Vélez, mencionaba que la indagatoria no permitió a su cliente ejercer plenamente su defensa al no detallar los hechos investigados, precisando que era necesario detener el avance del juicio y reanudarlo desde la imputación de cargos, asegurando claridad sobre los delitos imputados.
No obstante, esta misma solicitud de nulidad ya había sido negada por la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, argumentando que “no se vulneró el principio de congruencia jurídica, ya que la imputación puede ajustarse en la acusación”.
Es de anotar que la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al expresidente Uribe el pasado 24 de mayo, al señalarlo como “el determinador de la presunta manipulación de los testigos Carlos Enrique Vélez Ramírez, Juan Guillermo Monsalve, Eurídice Cortés Velasco y Pablo Hernán Sierra García, todos exparamilitares y privados de la libertad”.
Asimismo, el ente persecutor agregó que Uribe Vélez determinó al abogado Diego Cadena Ramírez para que directamente o por interpuesta persona entregara o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos, para que faltaran a la verdad o la callaran total o parcialmente en las actuaciones penales aludidas en su contra.
“En los primeros meses del 2017 se realizaron reuniones que ofició o facilitó su pariente y exsenador de la República, Mario de Jesús Uribe Escobar, y en las que el doctor Uribe Vélez impartió instrucciones específicas al abogado Diego Cadena para que directamente o por medio de otras personas ubicara y contactara a exparamilitares u otros ciudadanos, que a cambio de dinero en efectivo, promesas remuneratorias, servicios gratuitos u otras utilidades o beneficios, vendieran su testimonio sobre supuesta maquinación que los señores Pablo Hernán Sierra García, alias Pablo Guerrero o Pipintá, y Juan Guillermo Monsalve Pineda, alias Guacharaco o Villegas, tenían para involucrar a los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares que operaban en Antioquia o zonas circunvecinas”, acusó el fiscal.
También es preciso mencionar que en medio de este proceso la defensa del expresidente recusó al fiscal Gilberto Villareal, quien lo acusó inicialmente y fue apartado del proceso debido a la aceptación de la solicitud. Fue entonces cuando la Fiscalía designó a la fiscal Marlene Orjuela para que asumiera las riendas del caso y así sucede a la fecha.
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