La Fiscalía también ocupó varios bienes con fines de extinción de dominio, avaluados en más de 5.940 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación informó en las últimas horas sobre la desarticulación de una organización delincuencial dedicada a ingresar mercancía de contrabando por el puerto de Barranquilla, la cual estaría conformada por funcionarios de la Policía Nacional y personas particulares.
Inicialmente, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, logró la captura de cinco señalados de integrar la red ilegal, entre ellos dos policías, dos hombres y una mujer.
Según la información brindada por el ente acusador, se trata del mayor Andrés Felipe Montoya Navarro; el patrullero Harold Gil Ramírez; los hermanos Jorge Alberto y Jhon Marlon Gil Ramírez; y Tulia Inés Tapia Mulett.
Los dos uniformados pertenecían a la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), y, al parecer, según las investigaciones, “a cambio de dádivas se apartaron de sus funciones y permitieron el paso de cargamentos que no cumplían la normatividad aduanera nacional”. Producto del actuar ilegal presuntamente incrementaron sus patrimonios injustificadamente, y adquirieron bienes, inmuebles y vehículos, ubicados en el Eje Cafetero.
Asimismo, la Fiscalía sostuvo que “los otros tres detenidos habrían prestado sus nombres para transformar y ocultar las rentas ilícitas provenientes del ingreso de contrabando”.
Por todo lo anterior, el ente acusador imputó a los procesados de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, lavado de activos y concierto para delinquir con fines de contrabando. A su vez, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los dos uniformados, mientras que los otros tres individuos seguirán vinculados a la investigación.
Por último, se estableció que dentro del proceso penal una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder de dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre una sociedad, 20 inmuebles y 10 vehículos localizados en Dosquebradas, Guática y Santuario (Risaralda) y Barranquilla (Atlántico), avaluadas en 5.940 millones de pesos y que quedaron en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
