Al exfuncionarios del Gobierno nacional le fue concedido asilo político por parte del Gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua.
La agencia de Policía Internacional —Interpol—, expidió circular roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (Dapre), Carlos Ramón González, en solicitud de una orden de captura en su contra por delitos relacionados con el escándalo de corrupción en la UNGRD.
La medida atiende la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que lo requiere por por los delitos de cohecho y peculado por apropiación en favor de terceros y a la orden de aseguramiento en centro carcelario que le fue impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá.
Lo que se sabe de momento sobre el paradero de González merchán es que se encuentra en Nicaragua, país que le otorgo asilo político por solicitud propia. El exdirector del Dapre se refugió en ese país cuando empezó a moverse el proceso judicial en su contra y desde entonces no ha vuelto a Colombia.
Con el asilo y las discrepantes relaciones políticas entre el Gobierno de Gustavo Petro y su homólogo Daniel Ortega, es casi imposible que Carlos Ramón González sea entregado en extradición, aunque ya el Ministerio de Justicia de Colombia haya elevado la solicitud.
No obstante, la notificación roja de Interpol abre la posibilidad de que el exfuncionario del Gobierno nacional implicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD, sea capturado en 196 países.
Involucramiento de Carlos Ramón González en el escándalo, según la Fiscalía
Conforme a lo que ha expuesto el ente acusador, Carlos Ramón González aprovechó el cargo que ostentaba como director del Dapre para ordenar sobornos y direccionar contratos a varios congresistas, y que así, facilitaran el avance de proyectos presentados por el Gobierno nacional.
“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el exfuncionario, en ejercicio de su cargo, habría ordenado al entonces director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, orientar la contratación en la entidad en beneficio del expresidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez; y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, para que impulsaran en el Congreso de la República la aprobación de proyectos que tramitaba el Gobierno nacional”, ha detallado reiteradas veces la Fiscalía.
Posteriormente, González Merchán, presuntamente, impartió instrucciones al exdirector de la UNGRD para que, a cambio de contratación, se comprometiera a entregarles dinero en efectivo a los dos congresistas, que saldría de una orden de proveeduría que contemplaba el abastecimiento de carrotanques para las comunidades de La Guajira.
“Dichas coimas se materializaron en octubre del mismo año. Con la intermediación de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, se le hicieron llegar 3.000 millones de pesos al congresista Name Vásquez en Bogotá. Por su parte, Pinilla Álvarez se trasladó a Montería (Córdoba) y le entregó 1.000 millones de pesos al representante Calle Aguas”, ha añadido la entidad encargada de investigar.
