El gobernador de Risaralda y la Procuraduría se pronunciaron rechazando los actos de maltrato infantil.
Mientras se encontraba atada de manos, una adolescente indígena, miembro de la comunidad Gitó Dokabú, en Pueblo Rico, Risaralda, fue agredida por personas que serían de su propia familia, hecho que quedó registrado en un video que ha causado indignación en las redes sociales.
Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda, se pronunció sobre los hechos y los rechazó, argumentando que estos actos inaceptables no se pueden escudar en tradiciones ancestrales.
Sobre la situación actual de la adolescente, Litza Fernanda Roldán, directora Operativa de Salud Pública del departamento, indicó a colegas de Caracol Radio:
“Logramos gestionar el traslado inmediato de la menor desde el lugar hasta el hospital Santa Mónica. En el momento la menor se encuentra en un lugar de paso donde le están realizando los cuidados necesarios y donde estará hasta que las autoridades competentes lo determinen”.
Aunque el gobernador habló de una menor agredida (la que se observa en el video), la Procuraduría General de la Nación también se refirió a lo sucedido, indicando que no habría sido una sola niña la maltratada:
”El Ministerio Público tuvo conocimiento de unos crueles y degradantes casos de maltrato infantil en la comunidad Emberá del Resguardo Gitó Dokabú del municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda, en el que, al parecer, unas menores de edad fueron atadas y suspendidas de sus manos con el objeto de propinarles, por parte de unos adultos pertenecientes a la comunidad, azotes en la parte inferior de sus cuerpos (cadera, glúteos, piernas y pies); conductas reprochables y que, sin lugar a dudas, trascienden el enfoque diferencial étnico y las violencias basadas en género, que se deben evitar en cualquier ámbito”.
En su comunicado, la Procuraduría indicó: “La procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer y la procuradora Delegada para Asuntos Étnicos adelantaron gestiones urgentes e inmediatas para garantizar los derechos fundamentales que le asisten a las menores de edad (…). El ente de control exhortó a las autoridades a adelantar una exhaustiva investigación, en aras de proteger a los niños, niñas y adolescentes indígenas, lo que sin lugar a dudas exige acciones afirmativas para materializar el imperativo de la prevalencia y respeto de los derechos fundamentales de los menores de edad protegidos por la Constitución Política y los Tratados y Convenios Internacionales en materia de niñez, de los que hace parte el Estado colombiano”.
