Varios congresistas, actualmente condenados por escándalos de corrupción, son hijos o allegados de excongresistas o exgobernadores que han estado envueltos en casos de parapolítica, desfalco, entre otros.
Un fenómeno silencioso, pero cada vez más evidente, vuelve a poner en el centro del debate la forma en que se hereda el poder político en Colombia. Varios congresistas condenados por corrupción pertenecen a clanes familiares donde padres, hermanos o parientes cercanos también han sido salpicados o condenados por hechos similares.
Este fenómeno, documentado en escándalos históricos como la parapolítica, el Proceso 8.000 y casos recientes de contratación irregular, pone en evidencia cómo ciertas familias mantienen el poder electoral a pesar de las condenas, heredando no solo votos, sino también líos judiciales.
Uno de los ejemplos más recientes y emblemáticos es el del senador Ciro Alejandro Ramírez, del Partido Centro Democrático. El pasado 26 de marzo, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a más de 23 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos en el caso conocido como Las Marionetas. La investigación reveló que habría intervenido en al menos 13 contratos por más de $24.000 millones. Pero Ramírez no es el primero en su familia: su padre, el exsenador Ciro Ramírez Pinzón, ya había sido condenado en 2011 por la Corte Suprema por parapolítica.
No obstante, este no es un hecho excepcional, toda vez que en el departamento del Chocó, el clan Sánchez ilustra a la perfección el ciclo generacional. Rafael Sánchez Hinestroza, exsenador, fue condenado en el Proceso 8.000 por vínculos con el narcotráfico. Sus hijos continuaron en la política: Odín Sánchez Montes de Oca (exrepresentante a la Cámara) fue condenado a nueve años de prisión por alianzas con paramilitares del Bloque Elmer Arenas, y Patrocinio Sánchez Montes de Oca (exgobernador) recibió condena por peculado durante su mandato. Su hermana, Astrid Sánchez, ha sido senadora y ha respaldado públicamente las aspiraciones políticas del clan.
En Córdoba, la familia Besaile muestra un patrón similar de continuidad. Musa Besaile, exsenador del Partido de La U, acumula condenas por el cartel de la Toga, defraudación al sistema de salud y tráfico de influencias (incluido el caso Fonade). Su hermano John Besaile heredó su caudal electoral y llegó al Senado, mientras que la esposa de Musa, Olga Milena Flórez, también ha aspirado a cargos públicos en medio de los escándalos familiares.
Otros clanes refuerzan la tendencia. Ejemplo de ello es la familia Pulgar en el Atlántico, que tiene a Eduardo Pulgar, exsenador condenado por intento de soborno a un juez; su hermano Yessid Pulgar llegó al Senado heredando la estructura. En Santander, los Aguilar tienen a Hugo Aguilar (exgobernador condenado por parapolítica) y a sus hijos Richard y Mauricio, quienes han sido congresistas y enfrentan investigaciones por corrupción. Casos como el de Wadith Manzur, representante a la Cámara recientemente con orden de aseguramiento por el escándalo en la UNGRD, también se inscriben en este linaje, pues es heredero político de un padre que terminó en prisión.
Expertos y veedurías ciudadanas señalan que estas dinastías no solo heredan maquinaria electoral, sino que aprovechan redes clientelistas arraigadas en regiones como la Costa Caribe y el interior. Según informes de medios como La Silla Vacía y El Espectador, al menos 58 congresistas electos en los últimos ciclos tienen vínculos directos con políticos condenados o investigados por corrupción o parapolítica.
Lo anterior genera un debate sobre la “silla vacía” y la pérdida de investidura, mecanismos que, aunque existen, no siempre logran romper el ciclo.
Este patrón plantea un interrogante incómodo para la democracia colombiana: ¿hasta qué punto los apellidos siguen pesando más que las condenas? Mientras algunos clanes se debilitan, otros se reinventan, manteniendo el control de curules y presupuestos públicos.
