El órgano de control aseveró esto teniendo en cuenta que el Distrito de Barranquilla hizo un giro de 2.250.000 dólares.
Un desesperado llamado de atención hizo la Contraloría General de la República al Gobierno Nacional y al Distrito de Barranquilla para que retomen los diálogos con Panam Sports y que este revierta su decisión de quitarle la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 a la capital del Atlántico.
De acuerdo con el ente de control fiscal, esta decisión causaría un daño patrimonial a la nación, puesto que el Distrito efectúo un giro cercano a los USD 2.250.000 dólares dentro del denominado “Contrato Ciudad Sede”, suscrito entre la República de Colombia , Ministerio del Deporte, el departamento del Atlántico, la alcaldía de Barranquilla, el comité olímpico colombiano y Panam Sports.
“Hoy esos recursos se encuentran en riesgo de pérdida y por ende de un posible daño fiscal, si no se concreta la realización de las justas en Colombia”, afirmó el vicecontralor en funciones de contralor general de la República, Luis Enrique Abadía García.
Igualmente el funcionario indicó que la cancelación de las justas deportivas traería consecuencias para el erario público, motivo por el que invitó al Gobierno Nacional a aunar todos los esfuerzos posibles para revertir dicha determinación y que esos recursos girados no se den por perdidos.
“Invitamos al Gobierno Nacional a retomar los diálogos, a allanar todos los caminos tendientes a la efectiva realización de las justas para evitar la concreción de un daño fiscal y posibles investigaciones a que diera lugar esa situación”, dijo el contralor Abadía.
Por último, se conoció que la Contraloría le envió un oficio a la ministra del Deporte Astrid Rodríguez para que informe a la entidad en un plazo no mayor de tres días hábiles acerca del estado de incumplimiento de los compromisos que se adquirieron de manera previa para efectuar los Juegos Panamericanos en Barranquilla tras la adjudicación de esta como sede. Adicionalmente, informar si se hizo algún otro desembolso distinto a los USD$ 2.250.000 con recursos públicos de la nación.
Informe: Luis Ángel Terán
