La iniciativa tendría una vigencia preliminar de máximo 18 meses.
El Gobierno Nacional ya tendría listo el borrador del decreto para reglamentar el pago de $1 millón, a jóvenes que dejen de delinquir, a través del programa que se denominará ‘Programa Nacional Jóvenes en Paz’.
La mencionada iniciativa, que ya había sido nombrada por el presidente Gustavo Petro, apuntará a que los colombianos entre los 14 y 28 años reciban hasta $1 millón por dejar de cometer delitos, la cual tendrá varias entidades responsables de su ejecución, como el Ministerio de la Igualdad y el Departamento Nacional de Prosperidad junto con otras instituciones que tendrán a cargo el cumplimiento de esta misión.
Para la identificación de los potenciales beneficiarios, el programa “hará uso del Registro Social de Hogares proporcionado por el Departamento Nacional de Planeación, que contendrá las bases de datos del orden nacional y territorial que se requieran, considerando los enfoques previstos en el Programa”.
Uno de los apartes del borrador señalaría que en primera instancia el tiempo de vigencia de la iniciativa sería entre 6 y 18 meses, ya que estará condicionada a la disponibilidad presupuestal que entregará a cada joven participante hasta un millón de pesos mensuales por 12 meses.
Asimismo, se pudo conocer que no podrán recibir la transferencia monetaria condicionada del Programa Nacional Jóvenes en Paz quienes sean actuales beneficiarios de los programas Jóvenes en Acción, Tránsito a Renta Ciudadana y Renta Ciudadana. Además, la asignación de cupos será dependiendo de varios criterios y “se tendrá en cuenta el porcentaje de población joven de cada municipio, de modo que no exceda el 10% de toda la población juvenil”.
Los jóvenes que podrán participar del proyecto deberán tener entre 14 y 28 años; estar en condiciones de extrema pobreza , pobreza o en condición de vulnerabilidad; jóvenes rurales, también quienes hayan sido sometidos a explotación sexual y vinculados o en riesgo a dinámicas de criminalidad.
También establece el borrador del decreto que, los acreedores deberán cumplir con ciertos requisitos judiciales y sociales, como no poseer órdenes de captura vigentes, sanciones penales vigentes o haber cumplido o tener más de 29 años, sosteniendo que los jóvenes elegidos deberán cumplir con un componente de educación y formación, corresponsabilidad o trabajo social en su municipio.
Informe: Luis Ángel Terán
