Un juzgado de Bogotá embargó las cuentas de la nación por una deuda pendiente con EPM.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reiteró que las cuentas de la nación y los recursos públicos son inembargables pues están destinados al cumplimiento de las funciones propias del Estado.
El jefe de esta cartera, Diego Guevara, se refirió a la decisión de un juzgado de Bogotá que ordenó embargar las cuentas de la nación mientras se cancela una deuda con Empresa Pública de Medellín (EPM).
“Reiteramos que la inembargabilidad de los recursos públicos está protegida por la Constitución y la normativa presupuestaria, garantizando su destinación exclusiva al cumplimiento de las funciones del Estado”, dijo el alto funcionario.
El presidente Gustavo Petro ya se había manifestado sobre el tema por medio de su cuenta en la red social X, donde expuso: “Si EPM juega contra el interés nacional, incumple su propia razón de ser. Así que no lo podemos permitir. Las empresas de servicios públicos están en función del público que es toda la sociedad, no los contratistas que se enriquecen con el dinero público”.
En un comunicado, el Ministerio de Hacienda reiteró que ya fue notificado de la decisión del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá.
“El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha sido notificado de un proceso ejecutivo y que, según información difundida en medios de comunicación, se habría ordenado el embargo de cuentas de la nación”, refirieron.
“El Artículo 63 de la Constitución establece que los bienes y recursos públicos son inalienables, imprescriptibles e inembargables. El Artículo 19 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y el Artículo 34 del Decreto 1523 de 2024 reafirman que las rentas del Presupuesto General y los bienes de los órganos del Estado no pueden ser embargados. Además, establecen que cualquier servidor público que reciba una orden de embargo sobre estos recursos, incluidas las transferencias a entidades territoriales, debe iniciar los trámites para solicitar su desembargo. Esta protección asegura que el Estado pueda seguir operando con normalidad y cumpliendo sus obligaciones esenciales en áreas como salud, educación y seguridad. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantará las gestiones necesarias para solicitar el desembargo inmediato, dado que la medida no se ajusta a lo establecido en la ley”, sustentaron en un comunicado.
De acuerdo con la decisión judicial, el embargo a las cuentas de la nación obedece a una deuda pendiente con Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. (Cens), filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM). El monto de la deuda asciende a $41.654 millones de pesos en concepto de capital adeudado, además de $5.258 millones en intereses.
Sin embargo, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, recordó “las filiales de EPM hay han recibido 85 % de los pagos”, luego del acuerdo a que llegaron con estos ministerios.
