El Ministerio de Justicia acogió la petición del alcalde Char y del gobernador Verano para que exista una coordinación previa entre las autoridades nacionales y locales.
El Gobierno nacional, encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió al echar para atrás su decisión de avalar inmediatamente el trasladado de varios actores criminales y líderes de grupos delincuenciales organizados como los Costeños y los Pepes a Barranquilla.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, anunció que “por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido”, refiriéndose a Jorge Eliécer Díaz Collazos (líder de los Costeños) y Ober Martínez, alias el Negro Ober (líder de los Rastrojos Costeños).
El titular de esa cartera señaló que han entendido el malestar del alcalde Alejandro Char, del gobernador Eduardo Verano y demás autoridades locales, por tanto, afirmó que el pueblo barranquillero merece antes una coordinación institucional entre el INPEC, la Policía Nacional y las autoridades locales: Alcaldía de Barranquilla, autoridades del Atlántico, para garantizar vigilancia estricta y control permanente.
Sin embargo, más allá de dar a conocer esta decisión, Idárraga aprovechó la oportunidad para lanzar un fuerte cuestionamiento al alcalde Alejandro Char, indicando que su administración no logró contener la crisis de seguridad que atravesaba la ciudad y fue el Gobierno nacional el que asumió determinaciones difíciles como esta “para frenar el desangre“.
“El Gobierno nacional asumió decisiones difíciles para frenar el desangre y logró que, a través de diálogos de paz, los Pepes y los Costeños acordaran una tregua, lo que permitió reducir un 57 % los homicidios y un 84 % la extorsión a finales de 2025, según el Ministerio de Defensa, sumado a una ofensiva policial sostenida. El desangre entre bandas en Barranquilla se salió de su control, y las cifras lo demuestran: cuando usted asumió, el 2024 cerró como el más violento en 20 años, con 487 homicidios, y la extorsión ya venía disparada 458 % entre 2021 y 2023. Las cifras de la Policía no son opinión, y su discurso no las cambia”, dijo en su crítica el alto funcionario.
Y siguió: “El Gobierno nacional asumió los problemas que usted no ha podido controlar incluso con millonarios recursos. Por favor respóndale a los barranquilleros: ¿Qué pasó con los 78.000 millones de pesos del impuesto a la seguridad que pagan los atlanticenses y que controla @alcaldiabquilla? Es casi la mitad del recaudo del departamento, y con esa plata, la ciudad llegó a sus peores cifras de violencia en 20 años. La pregunta es simple y no admite discursos ¿Cómo le responde a ‘las madres que han perdido a sus hijos’?”.
El ministro de Justicia encargado finalizó señalando que el Gobierno nacional mantiene una búsqueda de paz con resultados y que esa tregua no es un cheque en blanco. “Los cabecillas deberán entregar resultados concretos y verificables en el desescalamiento de la violencia. La prioridad es una sola: proteger a la ciudadanía, una búsqueda de paz con resultados y cero contemplaciones con quienes sigan sembrando miedo en Barranquilla”, remató Idárraga.
Este pronunciamiento del jefe de cartera se da tras los cuestionamientos del alcalde Char a la decisión previa que había tomado el Gobierno Petro de trasladar a cárceles de Barranquilla, según él, a Digno Palomino, alias Castor, al Negro Ober y a 40 delincuentes adicionales. El mandatario distrital sostuvo que no hubo una consulta o acercamiento preliminar para conocer la postura de las autoridades locales respecto a ese asunto de alta complejidad para la seguridad.
“Aquí no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos. No se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios. Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?”, fueron las palabras de Char que, al parecer, no cayeron muy bien en el Ejecutivo.
