Esta petición se hace en concordancia con los diálogos de paz, asegurando que “el secuestro es un crimen contra la dignidad humana”.
Una vez se dio a conocer la noticia de la liberación de Luis Manuel ‘Mane’ Díaz, el padre del jugador colombiano Luis Díaz, el Gobierno Nacional no solo celebró el hecho, sino que exigió al ELN que libere también a los demás secuestrados que tiene bajo su poder.
De acuerdo con un comunicado emitido por la delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de diálogos de paz con el ELN, el proceso de acuerdos con este grupo guerrillero ha avanzado bastante, pero hacen una invitación a que dejen está práctica criminal como garantía de una voluntad absoluta para lograr la tan anhelada paz.
“El secuestro es un crimen que ultraja cruelmente la dignidad humana, provoca inmenso sufrimiento a las familias y comunidades, vulnera la humanidad del secuestrado en su más profunda intimidad”, se lee en el comunicado.
Conjuntamente, agrega que “el secuestro de Luis Manuel Díaz ha sumido nuestro diálogo en una situación crítica”, y a partir de esto, manifestaron que se tomarán decisiones que eliminen la práctica del secuestro.
“Ha llegado el momento de tomar decisiones que eliminen el secuestro, como lo hemos solicitado desde el comienzo de los diálogos. Nuestra delegación exige desde ya, y exigirá en la próxima reunión con la delegación del ELN, que cada una de las personas que está organización tiene en cautiverio sea liberada en condiciones de seguridad y dignidad de manera inmediata”, señala el documento.
Y es que el grupo guerrillero justificó hace algunos días que, está práctica criminal hace parte de su financiación, aspecto que rechazó el Gobierno Nacional a través de la delegación del diálogo, acotando que “es insostenible argumentar, desde un punto de vista ético, que comerciar con seres humanos es ilícito, aún bajo las condiciones de un conflicto armado”.
Lo cierto de todo esto es que el secuestro del padre de Luis Díaz, marcará un antes y un después en la forma de concebir el secuestro como una práctica para que los grupos criminales y al margen de la ley se financien.
