El Ejecutivo indicó que la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) prevista en Tierralta, Córdoba, “no cuenta aún con las condiciones establecidas en la ley”.
A poco más de un mes del cambio de gobierno, la política de paz volvió a quedar en el centro del debate nacional. Esta vez, un nuevo comunicado de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz confirmó que el Ejecutivo dejará encaminado el proceso de conversaciones con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y buscará realizar el respectivo empalme con la administración entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella.
El anuncio se produjo tras una reunión realizada el 24 de junio con participación de delegados de España, Noruega, Qatar y Suiza (países mediadores, junto con representantes de la Conferencia Episcopal Colombiana, el Consejo Mundial de Iglesias, la Procuraduría General de la Nación y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.
Uno de los puntos que más llamó la atención del documento fue la decisión del Gobierno nacional de mantener vigente el proceso de conversación sociojurídica y proyectar su continuidad mediante un proceso de empalme con el próximo gobierno.
Según el comunicado, la intención es preservar los avances alcanzados dentro de los compromisos suscritos previamente entre las partes, conocidos como los “Compromisos de Doha”.
Por su parte, la delegación del EGC o Clan del Golfo expresó mantener la voluntad de paz y el compromiso con los acuerdos construidos durante las sesiones adelantadas meses atrás.
Sin embargo, el documento también dejó claro que uno de los pasos esperados dentro del proceso sufrió un freno. El Gobierno informó que la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) prevista en Tierralta, Córdoba, concebida como mecanismo para facilitar el tránsito del grupo hacia una eventual desmovilización gradual y progresiva, todavía no cumple las condiciones establecidas por la ley.
Por esa razón, se indicó que este componente no comenzará en la fecha inicialmente prevista del 25 de junio de 2026. Además, el Ejecutivo destacó el acompañamiento internacional y el papel de las organizaciones que han participado como observadores y facilitadores del proceso, reiterando que la conversación continúa siendo, en su criterio, el camino para avanzar hacia escenarios de paz.
El anuncio aparece en un momento especialmente sensible para el país: mientras sectores defienden la continuidad de los diálogos como una oportunidad para reducir la violencia, otros cuestionan el alcance de las negociaciones y piden mayores garantías frente a la seguridad y el cumplimiento de la ley.
