Los recursos obtenidos se destinarán a seis departamentos de la región Caribe, a uno de la zona Andina y a otro del Pacífico.
El gobierno del presidente Gustavo Petro decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos del país, afectados por las intensas lluvias, inundaciones y el impacto de los frentes fríos recientes.
La medida, oficializada mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, tiene una duración de 30 días calendario y busca agilizar la atención a la crisis climática que ha dejado miles de damnificados.
Los departamentos incluidos son: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Según reportes oficiales, la ola invernal ha impactado gravemente a estas regiones, principalmente en la región Caribe y el Pacífico, con más de 252.000 personas afectadas, decenas de miles de hogares inundados, pérdidas agrícolas, daños en infraestructura vial y productiva, y al menos 10 fallecidos reportados en los balances iniciales.
El decreto, firmado por el presidente Petro y todo el gabinete ministerial (incluido el recién posesionado ministro de Justicia), invoca el artículo 215 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994, habilitando al Ejecutivo para expedir decretos legislativos con fuerza de ley. Estas normas podrán incluir:
- Reasignación de recursos presupuestales sin pasar por el Congreso.
- Creación de contribuciones o tributos temporales.
- Medidas extraordinarias para conjurar la crisis, atender a la población damnificada, prevenir la extensión de los efectos y financiar la reconstrucción.
El Gobierno nacional estima que se requerirán alrededor de 8 billones de pesos para cubrir las necesidades inmediatas de atención humanitaria, recuperación de vías, vivienda, agricultura y programas sociales en las zonas priorizadas. La declaratoria llega tras dos consejos de ministros realizados en Montería (Córdoba), una de las regiones más golpeadas, y se presenta como respuesta a la falta de recursos suficientes en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esta es la cuarta ocasión en que el gobierno Petro invoca un estado de excepción de este tipo desde 2022 —y la tercera emergencia económica en menos de tres meses—, lo que ha generado debate político. Algunos sectores opositores cuestionan la frecuencia del uso de esta figura constitucional y señalan posibles riesgos de concentración de poder o discrecionalidad en el manejo de fondos. El decreto convoca expresamente al Congreso de la República a ejercer control político sobre las medidas adoptadas.
El presidente Petro ha defendido la decisión como necesaria y urgente para proteger a las comunidades más vulnerables frente al cambio climático y los eventos extremos, anticipando posibles tensiones institucionales en torno a la financiación de la respuesta.
La emergencia se activa de inmediato y las autoridades departamentales y municipales ya coordinan con el nivel nacional la entrega de ayudas humanitarias, kits de aseo, alimentos y albergues temporales, mientras se evalúan los daños para priorizar la reconstrucción.
