La acción judicial busca salvaguardar la cuantiosa inversión realizada por la Administración departamental en la infraestructura.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra personas indeterminadas por los presuntos delitos de daño en bien ajeno (Art. 265 C.P.) y pánico (Art. 355 C.P.), luego de la difusión de videos en redes sociales que evidencian actos de violencia contra la recién remodelada sede patrimonial de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico.
La acción judicial busca salvaguardar la cuantiosa inversión realizada por la Administración departamental en la infraestructura del alma mater y sentar un precedente claro contra quienes atenten contra el patrimonio público y cultural de la región.
“Según el documento, radicado el pasado 1 de diciembre, la denuncia surgió a raíz de videos que circulan desde el 29 de noviembre, donde se observa a un sujeto, presuntamente, identificado como ‘Harland Palmiere’, supuestamente, estudiante de la Facultad de Derecho, ejecutar acciones que atentan contra la integridad de las instalaciones de Bellas Artes”, indicó la Gobernación en un comunicado.
El secretario Jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Náder Orfale, comentó: “Lo más grave de los hechos es que el individuo utiliza un objeto contundente, un hacha, para forzar, golpear y fracturar los candados y demás mecanismos de seguridad ubicados en los accesos del área administrativa y académica de la Facultad. Esta conducta representa un riesgo para la integridad del patrimonio universitario, así como para la seguridad de sus trabajadores”.
Línea delgada entre protesta y vandalismo
Nader Orfale ratificó la posición del gobernador en declaraciones a la prensa, al enfatizar la distinción entre el derecho a la protesta y el delito.
“Los estudiantes, los profesores, la comunidad universitaria en general tienen la posibilidad de ejercer su derecho a la protesta. Eso es válido dentro del marco de la Constitución y la ley. Lo que no es posible es que dentro del desarrollo de las protestas se vandalicen bienes, y más si son bienes públicos”.
El secretario Jurídico subrayó que la Gobernación invirtió la Estampilla Pro Ciudadela para mejorar la infraestructura, siendo Bellas Artes un ejemplo de “un buen uso de ese recurso público”. Por ello, la denuncia penal se presenta contra “todas las personas que estén involucradas dentro de daños a bienes que son del departamento del Atlántico, de la Universidad del Atlántico, y del erario general”.
También, indicó que la denuncia pide a la Fiscalía investigar a todas las personas que resulten involucradas en las conductas, al tiempo que informó sobre la activación de la Línea Púrpura en coordinación con las secretarías de la Mujer y del Interior para amparar a las mujeres que hayan sido agredidas durante estos incidentes.
“El derecho a la protesta debe ejercerse de forma pacífica y que se le dé la garantía a todos los protestantes y tomistas que lo ejerzan, pero obviamente, respetando a las personas y a los bienes de la institución”.
El gobernador Verano reiteró su compromiso con la protección de la infraestructura destinada al desarrollo cultural, social y académico de la región y solicita a la Fiscalía priorizar la presente denuncia penal.
La inversión
La intervención de Bellas Artes fue un proyecto de recuperación patrimonial financiado principalmente con recursos de la Estampilla Prociudadela Universitaria. La inversión total fue de $40.972.783.909.
Gobernación del Atlántico: $ 32.154.052.512 (78 %)
Universidad del Atlántico: $ 7.507.155.641 (18 %)
Ministerio de Educación Nacional: $ 1.311.575.735 (3 %)
