Una fiscal, cuatro investigadores del CTI y un abogado son los implicados en el escandalo.
Un abogado de la Defensoría Pública, una fiscal seccional y cuatro policías judiciales del CTI de la Fiscalía quedaron al descubierto, por el mismo ente acusador, al revelar que estos utilizaban sus roles y cargos públicos para presuntamente cobrar gruesas sumas de dinero a reclusos de una Estación de Policía en Sincé, departamento de Sucre.
La Fiscalía confirmó que “los funcionarios públicos extraían información para que un defensor público elaborara su estrategia defensiva y así cobrarle dinero a los detenidos”.
“Se tuvo conocimiento de la posible existencia de hechos de corrupción en los que, al parecer, venían incurriendo, de tiempo atrás, funcionarios vinculados a la Fiscalía en el cargo de fiscales seccionales”, explicó la Fiscalía.
Los sindicados fueron identificados como Martha Luz Valeta Herazo, fiscal seccional de Sucre; el defensor público Yahany Merlano Valeta y los policías judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Diana García Santos, Fredy Arroyo Pastrana, Ramón Espinosa Benavides y Richard Fuentes Gómez.
Según lo indicado por el ente acusador, los cuatro miembros del CTI accedían a “un sistema informático de la Fiscalía de casos donde no se hallaban vinculados como policías judiciales” y que manejaba la fiscal implicada, quien aprovechaba su condición de servidora pública para entregar esta información al defensor público, quien además era su primo, y a partir de eso elaborara su estrategia de defensa para cobrar gruesas sumas de dinero a los enjuiciados y luego repartirlo con sus cómplices.
Las pruebas fueron presentadas por una fiscal delegada ante el Tribunal, insumos que sirvieron para que los seis implicados fueran judicializados por los delitos de prevaricato por omisión, abuso de autoridad por omisión de denuncia, concusión, concierto para delinquir agravado, revelación de secreto y acceso abusivo a sistema informático.
Cabe destacar que los seis individuos fueron capturados el pasado 30 de mayo en el municipio de Sincé, Sucre, pero se encontraban detenido en calidad de investigados y solo hasta este 3 de agosto fueron judicializados y condenados por los delitos ya mencionados.
