La propuesta surge para disminuir el hacinamiento en los centros carcelarios.
Para este 2023, el gobierno de Gustavo Petro está impulsando dos reformas, la de la salud y la de la justicia, siendo criticada esta última por diferentes sectores en el país debido a la flexibilidad que se le podría estar dando a los delincuentes en todo el territorio nacional.
Desde el Ministerio de Justicia se viene trabajando en un proyecto de ley que contempla la posibilidad de reducir de 60 a 40 años la pena máxima en Colombia para delitos de mayor gravedad y eliminar faltas que son consideradas delitos, como el caso del fraude de inscripción de cédula, injuria y calumnia.
Otras de las propuestas que pretenden impulsar desde el gobierno es no categorizar las acciones que se desarrollen en las manifestaciones sociales como actos de terrorismo, esto con el propósito de descongestionar el sistema judicial e ir disminuyendo el hacinamiento que se presenta en la mayoría de los centros penitenciarios del país.
Esta propuesta ha generado todo tipo de reacciones por parte de miembros de la bancada del gobierno, como el senador Iván Cepeda, quien indicó a La FM que esta iniciativa se enfatizará “en las formas de justicia restaurativa que pueden reemplazar los estándares de justicia penal que han venido saturando las cárceles”.
Algunos congresistas de la oposición, como el caso del congresista David Luna, se refirió a la recategorización de las actos que se cometen durante las protestas sociales, indicando que es una equivocación excluir los delitos que se cometen dentro de estos escenarios.
