La Defensoría del Pueblo también hace presencia para evaluar denuncias por violación a derechos humanos.
El caso de unos presuntos miembros del Ejército Nacional que amenazaron y agredieron a personas de la comunidad de la vereda Bocas del Manso, en zona rural de Tierralta, Córdoba, sigue causando revuelo y repudio entre la población civil y los organismos de control e institucionales, quienes han manifestado en las últimas horas que desplegaran equipos especializados para asumir las respectivas indagaciones del suceso.
El primer ente de control en referirse a este tema y dejar ver su respaldo dentro del marco investigativo y disciplinario fue la Procuraduría General de la Nación, la cual, a través del procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, precisó que enviaron hacia el territorio donde ocurrieron los hechos una comisión disciplinaria extraordinaria integrada por esta subestructura del ente de control.
“El fin es asumir el poder preferente de la indagación previa de la cual realizó apertura el Ejército Nacional con ocasión de los hechos acaecidos el pasado 11 de septiembre de 2023 en la vereda Bocas de Manso”, sentenció el funcionario de la Procuraduría.
Seguidamente, fue la Fiscalía General de la Nación la que mostró su respaldo a la población para investigar y esclarecer los sucesos, disponiendo de “un equipo de Fiscales en Derechos Humanos e Investigadores, así como el equipo interdisciplinario, quienes iniciaron los actos urgentes y harán presencia en el territorio”.
De otra parte, se pudo conocer que la Defensoría del Pueblo también hace presencia en el lugar de lo ocurrido para apersonarse junto con la Personería Municipal de Tierralta, sobre unas denuncias que se han develado sobre denuncias por violación de derechos humanos, anticipando que al parecer, algunas mujeres de la población afectada fueron acusadas sexualmente por los sujetos implicados.
