Dorina Tapia no aceptó ser responsable de enriquecimiento ilícito.
Desde las 9:00 a. m. de este 18 de marzo comenzó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Dorina Rosa Tapia, exsecretaria de Carlos Jaller Raad, exrector de la Universidad Metropolitana.
Dorina, natural de Magangué, Bolívar, y contadora de profesión, es señalada del delito de enriquecimiento ilícito de particulares por ser, presuntamente, una de las personas que hicieron posible el detrimento del patrimonio de la institución de educación superior.
Rosa Tapia entró a laborar como secretaria de Jaller y de allí nació una relación de la cual hoy tienen una hija de 24 años. Aún, el exrector, quien es buscado por las autoridades, y la exsecretaria mantienen su relación sentimental.
“Dorina Rosa Tapia Turizo presentó entre 2014 a 2018 considerables cambios en su nivel de vida, devaluación patrimonial de la que fue víctima la universidad, no había respuesta satisfactoria a su incremento patrimonial”, indicó Germán Arias Cortés, fiscal del caso.
Según el fiscal, el considerable incremento patrimonial “injustificado” por parte del la imputada no guardaba relación con la actividad económica que ella realizaba ni con los reportes ante la Dian, pero “por el contrario, sí con la pérdida patrimonial de la que ha sido victima la Universidad”.
Específicamente, habló de ingresos entre $500.000.000 y $2.500.000.000 millones anuales. Para Arias Cortés, la situación tiene el agravante de que Tapia conocía lo que estaba haciendo, especialmente, teniendo en cuenta su profesión de contadora.
¿Evadió la justicia refugiándose en Estados Unidos?
El fiscal del caso dijo que hay inferencia razonable de que Dorina podría huir de Colombia, teniendo en cuenta sus recursos económicos y la facilidad con la que previamente viajó a otros países como Estados Unidos.
“El medio Semana, el 2 de marzo, publicó un artículo donde indicaba que existía orden de captura contra estas personas involucradas, filtraron la información y después otros medios de prensa regionales publicaron la noticia sin que hubiese sido posible la captura de estas personas“, dijo Arias Cortés.
Lo anterior, significaría, que la mujer se habría dado cuenta de la orden en su contra y por ello se habría refugiado en EE. UU.; al respecto, informó:
“Se hizo allanamiento en la residencia de Dorina el 3 de marzo de 2022, estaban sus familiares, ella sabía de la orden de captura y por eso se esconde, ella viaja frecuentemente a Quito, Miami, Aruba, tiene facilidad para irse del país y mantenerse oculta. Del 24 de febrero desde que fue emitida la orden de captura se pudo ocultar hasta ahora que se presentó ante el CTI“, agregó.
Por ello, la Fiscalía contempla que la “entrega voluntaria” de la mujer habría sido producto de que “la policía judicial de la Dijín la estaba buscando por todas partes para hacer efectiva la orden de captura“.
Sobre Carlos Jorge Jaller, de 67 años, el fiscal indicó que es su “compañero permanente, quien se encuentra huyendo de la administración de justicia; su última salida fue a la cuidad de Panamá, el 25 de diciembre de 2020 y está residiendo en el exterior”.
Fernando Mendoza Mendoza, abogado defensor de la exsecretaria, aseveró que ella se encontraba en Estados Unidos por motivos de salud:
“Apenas se enteró por los medios, de manera voluntaria ha decidido ponerse a disposición de la autoridad, teniendo conocimiento de una orden de registro y allanamiento que se realizó en su residencia en la ciudad de Barranquilla (…), donde no se encontró documento probatorio alguno, la solicitud de medida de aseguramiento es innecesaria”.
Representante de Unimetro y argumentos del abogado defensor de la acusada
Alejandro Arcila Castro, representante de Unimetro, también solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para la mujer, argumentando: “Dorina comenzó a aumentar su patrimonio de una manera exorbitante que no se encuentra justificación”.
Tanto el fiscal como Arcila indicaron que Dorina adquirió 14 inmuebles. Arcila aseguró que estos “no se vieron reflejados en sus declaraciones, porque el patrimonio siempre fue el mismo, no varió”.
Por su parte, Mendoza Mendoza argumentó que no existen motivos razonablemente fundados de que la imputada pueda afectar el desarrollo del proceso y pidió que no se le impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario.
“Fue producto del trabajo, en un lote en el cual fue construyendo una edificación a partir del año 2012 (…). Fue una herencia que recibió la señora Dorina y su mamá, y su mamá se la dio a ella, de ahí compraron el lote y construyeron”, dijo Mendoza.
Pese a que el abogado defensor solicitó que este 18 de marzo se tomara decisión respecto a la medida de aseguramiento por la salud de la imputada, la jueza del caso, siendo las 6:12 p. m., indicó que la audiencia sería suspendida.
Lo anterior, teniendo en cuenta que fueron enviados “elementos que deben ser estudiados para proferir una decisión sustentada y siéndole fiel a los preceptos establecidos en la Constitución y en la ley”.
Por ello, la audiencia será retomada el 25 de marzo a las 2:00 p. m., fecha en la que se conocerá la decisión sobre la medida de aseguramiento. La jueza pidió por la salud de la imputada que las personas a cargo de su custodia le dieran un trato digno y se le brindara asistencia médica en caso de ser necesario.
Informe: Laura Rocco
