El ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía General de la Nación solicitó este lunes ante el Tribunal Superior de Bogotá la imputación de cargos y una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda). Aunque inicialmente se mencionó la posibilidad de prisión en centro carcelario, la Fiscalía pidió detención domiciliaria, considerando la edad y el perfil de los implicados, mientras se avanza en la macroinvestigación por el desfalco millonario a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La audiencia de imputación se llevó a cabo este lunes en el Tribunal Superior de Bogotá, donde la fiscal María Cristina Patiño presentó pruebas que vinculan a los exfuncionarios con un presunto “pacto criminal” que direccionó más de $612.237 millones en contratos irregulares. Los delitos imputados son concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Según la Fiscalía, Velasco y Bonilla habrían encabezado una red que entregaba coimas a congresistas a cambio de apoyo político para iniciativas gubernamentales, utilizando recursos de la UNGRD destinados a la prevención de desastres.
“Ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del INVIAS y de la UNGRD con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas, plantearon las líneas base del modus operandi que grosso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno nacional que cursaban en el Congreso de la República o de su concurrencia, quórum, deliberación”, indicó la fiscal del caso.
Entre las pruebas clave destacadas en la diligencia se encuentran declaraciones de testigos como Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien confesó una reunión el 4 de diciembre de 2023 con Velasco, en la que este le habría solicitado direccionar contratos por $35.000 millones para favorecer al congresista Julio Elías Chagüí. Además, María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, corroboró encuentros en oficinas ministeriales donde se coordinaban convenios irregulares a nivel nacional.
“El senador Mauricio Gómez Amín escribió corroborando la reunión convocada por usted, Luis Fernando Velasco, poniendo a su disposición su oficina como alternativa”, leyó la fiscal Patiño durante la audiencia.
Velasco compareció de manera virtual, mientras que Bonilla lo hizo presencialmente ante la magistrada Aura Alexandra Rosero. Ambos expresaron reparos a la imputación. El exministro de Hacienda, quien dejó esa dependencia en diciembre de 2024, alegó que “la fiscal nunca quiso escucharlo previo a esta audiencia” y negó cualquier irregularidad en su gestión económica.
Por su parte, el exministro del Interior cuestionó la validez de los convenios citados, argumentando que datan de 2021, cuando él no ocupaba cargo ministerial y Petro no era presidente. “No sé cómo me están leyendo convenios suscritos antes de que yo fuera ministro”, manifestó el exfuncionario.
Este caso se suma a la lista de seis ex altos funcionarios del gobierno Petro ya vinculados al escándalo de la UNGRD, incluyendo condenas previas por peculado y lavado de activos. La Fiscalía, dirigida por la Luz Adriana Camargo, enfatiza la complejidad del entramado y la necesidad de medidas cautelares para evitar obstrucción a la justicia. Si se aprueba la detención domiciliaria, los exministros enfrentarían penas que podrían superar los 12 años de privación de la libertad, más multas millonarias equivalentes al doble del perjuicio causado.
