Las diligencias se realizaron en quince departamentos, entre ellos, Atlántico, Magdalena y Bolívar.
Ocho fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, con el apoyo de personal del CTI y el Ejército Nacional, ocuparon 184 bienes, que se encuentran avaluados más de $69.000 millones.
Esto en el marco de una ofensiva nacional para “afectar el patrimonio de los presuntos responsables en hechos de corrupción”, tal como servidores públicos, contratistas y particulares.
Dichas diligencias se realizaron durante la última semana en Bogotá; Santa Marta y Gaira (Magdalena), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cartagena (Bolívar), Tunja, (Boyacá), Restrepo y Villavicencio (Meta), Pasto y Tumaco (Nariño), Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander), Melgar (Tolima), Cali (Valle del Cauca), Valledupar y San Marcos (Cesar), Maicao y Fonseca (Guajira), Ricaurte, Funza, La Calera, Chía y Cajicá (Cundinamarca); Sabaneta, Bello y Rionegro (Antioquia); Soledad, Juan de Acosta y Barranquilla (Atlántico).
Los activos, presuntamente, fueron adquiridos con dinero producto de actos de corrupción o pertenecerían a implicados en la de desviación de recursos de la salud, pensiones, educación y Plan de Alimentación Escolar (PAE), entre otros sectores.
Las propiedades afectadas con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión son 137 inmuebles, 1 sociedad, 3 establecimientos de comercio, 38 vehículos y 5 cuentas bancarias.
A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer un listado de casos destacados, en el cual se encuentran desde EPS hasta instituciones educativas.
- SaludCoop. Fueron afectados varios predios que habrían sido adquiridos con dineros que habrían sido desviados del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- ‘Carrusel de Pensiones’. Durante la ofensiva fueron afectados bienes que estarían vinculados a eventos de corrupción identificados en Cajanal y Colpensiones, en los que varias personas fueron beneficiadas con el pago jubilaciones y ajustes en las mesadas pensionales sin cumplir los requisitos de ley.
- Plan de Alimentación Escolar (PAE). Varios de los inmuebles que recibieron medidas cautelares, al parecer, fueron adquiridos con recursos producto de las diversas irregularidades de contratación y ejecución de los PAE en distintos lugares del país.
- Universidad Tecnológica del Chocó. La Fiscalía afectó los bienes de un contratista y un interventor, quienes son procesados por posibles anomalías en la celebración de contratos para la construcción de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó.
- Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. Un inmueble que pertenecería a uno de los contratistas que estaría involucrado en las demoras y actos ilícitos detectados en la construcción del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue ocupado con fines de extinción de dominio.
- ‘Quirófano’. La Fiscalía impuso medidas cautelares sobre varios bienes asociados a una red delincuencial que se concertó para manipular decisiones administrativas y favorecer a varias entidades e institutos prestadores de salud. Los señalados responsables fueron capturados y judicializados como parte de una operación denominada como ‘Quirófano’.
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, indicó sobre el tema: “Todos estos bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración y pretendemos, además, que con estas acciones se incremente el número de bienes para que puedan ser monetizados, y puedan ser utilizados rápidamente por parte del Gobierno”.
