Las extinciones de dominio se llevaron a cabo en Atlántico, Sucre, Arauca, Santander, La Guajira, Risaralda y Bogotá.
Mediante distintos operativos realizados en distintos departamentos del país, la Fiscalía General de la Nación informó que ocupó 83 bienes pertenecientes a exfuncionarios públicos que, al parecer, estarían inmersos en hechos de corrupción.
Fue la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio la que adelantó los operativos de la ‘semana contra la corrupción’, durante la cual el ente acusador “impactó el patrimonio de personas que estarían implicados en defraudaciones al erario público”.
“Comprometidos en la lucha contra las actividades ilícitas que afectan las arcas del Estado y en el marco de la conmemoración del día nacional contra la corrupción, la Fiscalía desplazó un grupo de fiscales que se desplazaron a 12 municipios de 7 departamentos, donde fueron impuestas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posición sobre los diferentes activos”, señaló el ente acusador mediante un informe.
Las 83 propiedades expropiadas están distribuidas en 69 inmuebles, entre rurales y urbanos; 12 vehículos y dos sociedades, las cuales estaban ubicadas en los departamento de Atlántico, Sucre, Arauca, Santander, La Guajira, Atlántico, Risaralda y en la capital del país. Asimismo, las mismas tendrían un valor preliminar que superaría los 36.620 millones de pesos.
El el Atlántico, los operativos de desarrollaron en Barranquilla y en los municipios de Galapa, Soledad y Juan de Acosta, donde presuntamente “entre 2013 y 2020 personas naturales, al parecer, crearon sociedades fachada en Bogotá y Barranquilla”, a través de las cuales se efectuaron operaciones de ingreso irregular de calzado, confecciones y textiles por Cartagena, Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla.
“En estas acciones estarían involucrados intermediarios y agentes aduaneros; además de exfuncionarios y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quienes habrían manipulado los sistemas informáticos de esa entidad”, precisó la Fiscalía.
De igual forma, el ente acusador determinó que varias personas se concertaron para cometer los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documentos públicos durante los años 2012, 2013 y 2014 que generaron el menoscabo del erario por 20.184 millones de pesos.
“En este caso se constató que se ordenó a dos entidades de la salud brindar la atención integral de los pacientes de hemofilia, sin establecer las tarifas y los precios que debían considerarse para tal prestación”, agregaron desde el ente acusador.
Informe: Luis Ángel Terán
