El hijo del presidente Gustavo Petro sería imputado por falso testimonio y peculado por apropiación.
Según han establecido medios nacionales de comunicación, la Fiscalía General de la Nación ha sumado dos nuevos delitos en la imputación contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, en un proceso que ya estaba en curso por presuntas irregularidades en contratos públicos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social.
Los nuevos cargos formulados serían peculado por apropiación, pues el ente acusador lo señala de haber apropiado ilegalmente bienes del Estado; y falso testimonio, basado en declaraciones y versiones que, según la investigación, no coinciden con los hechos reales.
Estos nuevos delitos se suman a los que ya pesaban sobre Petro, entre ellos interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias, y otros relacionados con supuestos contratos ficticios o que no habrían cumplido sus objetivos con la ejecución de programas sociales cuando fue diputado del Atlántico.
La Fiscalía señala que los hechos ocurrieron cuando Nicolás Petro era diputado del Atlántico, durante los años 2021 y 2023, en contratos destinados a programas sociales —atención a adultos mayores y personas en situación de discapacidad— con la Fundación Conciencia Social. Se habla de múltiples contratos cuyo valor total asciende a varios miles de millones de pesos.
Day Vásquez, exesposa de Petro Burgos, ha sido señalada como testigo principal en muchas de las investigaciones. Se le atribuye participación en las versiones importantes de los hechos, así como posibles irregularidades en la presentación de documentos y en la gestión de algunos recursos.
Nicolás Petro ha negado conocer o tener relación con la Fundación Conciencia Social y ha rechazado las imputaciones nuevas, calificándolas como un “montaje procesal”. Ha dicho que las acusaciones estarían motivadas políticamente, y ha cuestionado la filtración de información reservada, apuntando hacia supuestas coordinaciones entre la Fiscalía y actores políticos, entre ellos la precandidata presidencial Vicky Dávila.
La audiencia de imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias fueron aplazadas, lo cual permitió que la Fiscalía incluyera los dos nuevos delitos en la acusación contra el exdiputado del Atlántico.
