Los imputados fueron declarados en estado de contumacia por su no comparencia a la diligencia judicial, a pesar de haber sido notificados.
En diligencia ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación realizó formulación e imputación de cargos en contra de Ramsés Jonás Vargas Lamadrid y Tamid Turbay Echeverría, por su presunta participación en el delito de fraude procesal, en torno a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, en el año 2013.
Durante la audiencia, en presencia de Silvia Gette Ponce, declarada víctima en el proceso, el ente acusador narró los hechos que podrían tipificarse como una conducta penal contraria a la ley, que habría conllevado a la designación fraudulenta como rector en propiedad de Ramsés Vargas, con participación de los miembros activos del Consejo Superior, de entonces, Mariano Romero Ochoa, Paul García Visbal, Arturo González Peña, entre otros.
“Cómo se orquestó la toma de la Universidad Autonoma”
Según los estatutos de la Universidad Autónoma del Caribe y al estar de licencia, Silvia Gette Ponce, rectora en propiedad, el vicerrector debía asumir la suplencia en la ausencia del rector titular, por lo que no debía nombrarse ni designarse a otra persona, acatando la ley de la institución educativa, tal como lo determinan los estatutos en el Artículo 40: “El vicerrector en una de sus funciones es reemplazar al rector en sus ausencias temporales y definitivas, debiendo reunirse el Consejo directivo para nombrar a un nuevo rector.”
Mayo 10 de 2013. En junta directiva realizada, aparece Ramsés Vargas y se sienta, pero nadie lo había invitado ni tampoco estaba designado como suplente de alguien, teniendo en cuenta que en diciembre de 2011, Eduardo Vargas Osorio no asistió a la junta directiva donde se debía renovar o nombrar a los respectivos suplentes de cada miembro activo.
Durante el año 2012, Eduardo Vargas Osorio no tuvo suplente, como es ley, a pesar de haber asistido a varias juntas directivas, además, nunca nombró a Ramsés Vargas Lamadrid como su suplente.
En diciembre de 2012, por estatutos de la UAC, se volvió a reunir la junta para hacer los nombramientos de suplentes y tampoco asistió Eduardo Vargas Osorio ni envió carta ni tampoco mencionó que deseaba nombrar como suplente a su hijo, Ramsés Vargas Lamadrid.
En mayo 10 de 2013, en medio de la junta directiva, el secretario general debió confirmar si Ramsés Vargas Lamadrid era suplente de alguien o invitado por la presidencia o por alguno de los miembros. No se dijo nada, él se sentó y actuó sin poder estar allí. Cabe recordar que las juntas directivas de las empresas, instituciones, etc., deben estar conformadas exclusivamente por los miembros designados – no pueden participar extraños. Aún así, el señor Vargas Lamadrid lo hizo y nadie dijo nada.
En esa ocasión, Ramsés Vargas expresó que había recibido informaciones del Ministerio de Educación sobre la Universidad Autónoma del Caribe, siendo que el Ministerio jamás da información a nadie que no sea el representante legal o el secretario general de la universidad. Cabe precisar que cuando Tamid Turbay lo propuso como rector en propiedad, no era posible dicha designación porque la rectora (Silvia Gette), todavía era la titular, estaba ausente, pero no fuera del cargo. Tamid Turbay sabía que no era legal nombrarlo porque el fue quien hizo los estatutos.
Durante la audiencia, Silvia Gette hizo uso de la palabra y expresó: “Ramsés Vargas Lamadrid no reunía los requisitos estatutarios para ser el rector de la UAC, pero lo nombraron. Mariano Romero, quien era el vicerrector, era la única persona que podía reemplazar a la rectora en propiedad, pero junto al Consejo Superior autorizaron el nombramiento de Ramsés Vargas como rector encargado, cargo que no existe porque ese título solo lo puede usar el vicerrector. Mariano Romero siguió ocupando la vicerrectoría”.
“Como este, se hicieron varios actos contrarios a los estatutos. En 2013, inició el desfalco al empezarse a rematar los bienes de la universidad. En 2014, muchos bienes se habían rematado y se habían pedido préstamos con base en las propiedades de la Universidad Autónoma. Los dejaron perder, apoderándose de ellos, los cercanos a Ramsés Vargas. Dichos bienes estaban en uso y en cabeza de su círculo cercano”, agregó.
“De igual forma, se adulteraron actas de la Sala General para señalar actos legales como ilegales. Ramsés Vargas fue el primer rector que actuó sin sentido de pertenencia contra la UAC, apoyados por políticos (ya todos identificados), por empresarios y gente que lo apoyó en los apoderamientos de los recursos de la institución. La Fiscalía debe descubrir qué se hizo con los dineros que obtuvieron de las ventas de los bienes de la Universidad Autónoma, hasta hipotecaron las matrículas de ciertas facultades. La Fiscalía tiene una gran tarea de saber qué hizo Vargas Lamadrid, porque su nombramiento y actuación fueron totalmente ilegales”, añadió.
“Todas las personas nombradas en las juntas directivas y que aprobaron esos grandes desfalcos tienen que responder, están los archivos de las nóminas de esa época, los nombres con las sumas recibidas que evidencian la administración del gran robo de una institución muy pujante como era la UAC. Todos estos hechos están registrados en diferentes procesos que reposan en la Fiscalía y en las instancias internacionales para que todo sea aclarado y que se sepa cómo hicieron tanto daño”, indicó la exrectora.
Ante la no comparencia de Ramsés Jonás Vargas Lamadrid y Tamid Turbay Echeverría, por solicitud de la Fiscalía, la juez de control de garantías los declaró en estado de contumacia por incomparecencia voluntaria en la audiencia judicial, a pesar de haber sido notificados por el ente acusador.
