Siete personas, entre exfuncionarios del ICBF y particulares, fueron judicializadas por un presunto detrimento superior a $860 millones.
La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un entramado de corrupción que habría desviado recursos destinados a la atención de la primera infancia y mujeres gestantes en zonas vulnerables de Riohacha y Manaure.
De acuerdo con la investigación, siete personas, entre exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y contratistas particulares, fueron judicializadas por su presunta participación en irregularidades contractuales que generaron un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos.
Los hechos están relacionados con tres contratos suscritos entre febrero y diciembre de 2019 por la Seccional La Guajira del ICBF, cuyo objetivo era brindar atención integral, incluyendo alimentación, a comunidades rurales, grupos étnicos, niños y mujeres gestantes.
Sin embargo, las pesquisas evidenciaron posibles maniobras para direccionar la contratación y apropiarse de recursos públicos mediante el aumento injustificado en el costo de las raciones alimentarias.
Según el ente acusador, los entonces supervisores de los contratos habrían aprobado actas e informes que permitieron el desembolso de al menos 12 pagos con sobrecostos a favor de la asociación contratista. Estas operaciones se sustentaban en facturas de supuestos proveedores de alimentos como carnes y productos perecederos que registraban incrementos inusuales en los precios. Dichos documentos habrían sido utilizados para inflar los reportes financieros y justificar mayores giros de dinero.
La Fiscalía sostiene que, a través de esta modalidad, se generó un millonario desfalco a los recursos públicos destinados a población vulnerable.
Una fiscal de la Unidad de Administración Pública imputó a los implicados, según su posible responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
El proceso judicial avanza mientras las autoridades buscan establecer el alcance total de las irregularidades y posibles responsables adicionales.
El caso reviste especial gravedad debido a que los recursos comprometidos estaban destinados a garantizar la alimentación y atención de niños y mujeres gestantes en condiciones de vulnerabilidad en La Guajira, una de las regiones con mayores necesidades sociales del país.
Con este avance, la Fiscalía busca sancionar a los responsables y enviar un mensaje contra la corrupción en la contratación pública destinada a programas sociales.
