Sin embargo, el abogado de Diego Marín señaló que a medida que vayan avanzando las investigaciones el panorama puede cambiar.
La justicia colombiana se encuentra a la expectativa por la inminente extradición de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, a Colombia en los próximos días. Las autoridades y el Gobierno nacional esperan que el Tribunal Superior de Portugal resuelva prontamente la solicitud de asilo que presentó la defensa del famoso contrabandista y autorice el procedimiento de cooperación internacional.
Este viernes, fue el turno para la Fiscalía General de la Nación, que en liderazgo de la fiscal Luz Adriana Camargo, aseveró que toda posibilidad de negociación o acuerdo con el llamado “Zar del Contrabando” está totalmente cerrada por tratarse del jefe de una red criminal.
“Los jefes de las organizaciones criminales no hacen parte del repertorio de personas con las que hacemos preacuerdos o negociaciones por mandato del propio código de procedimiento penal. El jefe es el jefe y es al que nosotros perseguimos”, mencionó la jefe del ente acusador.
No obstante, Camargo reconoció que la estructura criminal del contrabando que lideraba Marín también tiene varios niveles y asociaciones, por lo que no descarta que se haga una excepción con el fin de conocer la verdad y hacer operarla justicia.
En ese sentido, el abogado Mario Iguarán, quien actúa como defensor de Papá Pitufo, sostuvo que la intención de su cliente es colaborar con la justicia colombiana para que el país conozca los verdaderos artífices de las actividades ilícitas y reafirmó las palabras de la fiscal general de la nación.
“La señora fiscal nos ilustró que cuando se trata del principio de oportunidad, si son las cabezas de una supuesta organización, respecto a ello no procede el principio de oportunidad. Pero eso nos indica que el día de mañana puedan hacer unas valoraciones importantes frente a lo que vaya mostrando la investigación. Él (Pitufo) si quiere un acercamiento para esclarecer su situación, dar las explicaciones que le pedirá la justicia colombiana porque hay muchas inquietudes que han generado investigaciones de carácter penal. Dentro de un proceso nunca se descarta un principio de oportunidad u otros mecanismos”, apuntó el jurista.

Es de recordar que recientemente, el equipo jurídico de Diego Marín emitió una solicitud de asilo al Gobierno de Portugal, asegurando que si su cliente es extraditado podría ver en peligro su vida.
“Los medios de comunicación colombianos iniciaron rumores de que había apoyado financieramente la campaña política del actual presidente de Colombia, quien comenzó a perseguirlo para demostrar que eso no correspondía a la verdad, y varias noticias apuntan en esa dirección, con su vida y seguridad en juego, sin duda de que si es extraditado será ejecutado, especialmente porque ha estado denunciando la corrupción que existe en su país y es allí una persona ‘non grata’, por lo que la extradición y la negativa de su protección por parte del Estado portugués equivaldrá a la pena de muerte”, indicaron en el documento entregado al Tribunal Superior de Portugal.
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Informe: Luis Ángel Terán