Luz Adriana Camargo aseguró que cumplirá su período hasta 2028, confirmó que busca una reunión institucional con el mandatario electo y aclaró el estado de procesos de alto impacto como el de Nicolás Petro y la situación jurídica del jefe de los Costeños.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, despejó varias de las incógnitas que rodean la transición entre el Gobierno saliente y la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella. La funcionaria confirmó que aún no conoce personalmente al mandatario electo, reveló que ya se adelantan gestiones para sostener un primer encuentro institucional y desmintió de manera categórica los rumores sobre una eventual renuncia a su cargo.
“Es totalmente falso“, respondió Camargo al ser consultada sobre las versiones que apuntaban a una posible salida anticipada de la Fiscalía. La jefe del ente acusador recordó que fue elegida por la Corte Suprema de Justicia para un período constitucional de cuatro años, el cual finalizará el 23 de marzo de 2028.
Busca reunión con el presidente electo
En medio de la conversación con los medios de comunicación, Camargo confirmó que ya se trabaja en la coordinación de un encuentro con Abelardo de la Espriella para presentar el balance de los dos primeros años de gestión y exponer los principales retos de la entidad.
“Relación al momento no existe. Yo no conozco al presidente”, afirmó. No obstante, aclaró que ya existe un acercamiento institucional para concretar esa reunión.
“Estamos buscando un espacio con el señor presidente para poder tener ese contacto y dialogar sobre las políticas de seguridad y persecución penal”, explicó.
La fiscal insistió en que no existe ningún distanciamiento con el mandatario electo y señaló que la relación entre ambas instituciones deberá desarrollarse bajo el principio constitucional de colaboración armónica.
Aclaró el proceso contra Nicolás Petro
Camargo también se refirió al proceso judicial que enfrenta Nicolás Petro, precisando que el caso no depende actualmente de la Fiscalía sino de las decisiones de la Rama Judicial.
Explicó que cuando asumió el cargo, el expediente ya se encontraba en etapa de juicio y que actualmente permanece suspendido mientras el Tribunal Superior de Barranquilla resuelve un recurso presentado por la defensa. Solo después de esa decisión podrá fijarse la fecha para la audiencia de juzgamiento. “La Fiscalía no demora ni atrasa ese proceso; es un sujeto procesal más”, enfatizó.
Jorge Eliécer Díaz Collazos ya está sometido a la justicia
La fiscal también se pronunció sobre la carta enviada por Jorge Eliécer Díaz Collazos, máximo cabecilla de la banda criminal los Costeños, al presidente electo solicitando un proceso de sometimiento bajo la Ley 2272.
Camargo aclaró que el cabecilla ya se encuentra sometido a la justicia ordinaria y que su situación jurídica no corresponde al mecanismo mencionado en la carta. Recordó que la Fiscalía ya celebró un preacuerdo con él por más de un centenar de hechos contra la vida, entre homicidios consumados y tentativas.
“Estamos hablando de temas que no hacen parte de la realidad jurídica de él”, afirmó.
Habla sobre la paz total
Frente al futuro de la política de Paz Total, la fiscal señaló que será el nuevo Gobierno el encargado de definir si mantiene o modifica los diálogos adelantados bajo la Ley 2272.
Explicó que la Fiscalía ha cumplido con las obligaciones legales, como la suspensión de órdenes de captura cuando la ley lo exige, pero aclaró que eso nunca significó detener la persecución penal contra las organizaciones criminales. “Nosotros seguimos judicializando y persiguiendo penalmente a los grupos armados organizados”, sostuvo.
Respaldó propuesta para agilizar la justicia
Finalmente, Camargo manifestó que ve con buenos ojos la propuesta del ministro de Justicia designado, Iván Cancino, de revisar la necesidad de mantener la audiencia de formulación de imputación como etapa obligatoria del proceso penal.
Según explicó, cualquier medida que contribuya a agilizar la administración de justicia merece ser analizada con seriedad.
Las declaraciones de la fiscal general se producen en un momento clave de transición política, en el que la Fiscalía busca coordinar con el Gobierno entrante las estrategias de seguridad, lucha contra el crimen organizado y fortalecimiento de la investigación penal, mientras insiste en que mantendrá plena autonomía e independencia durante el resto de su mandato.
