La Corte Suprema de Justicia ya recibió copias para investigar a los actuales congresistas salpicados por Ashton.
Las revelaciones del exsenador Liberal Álvaro Ashton ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continúan generando fuerte sacudida en el tablero político nacional. En su versión, alusiva a sus “aportes de verdad plena”, involucró al actual senador Efraín José Cepeda Sarabia en supuestos pactos indirectos con el Bloque Norte de las AUC, particularmente en municipios del Atlántico como Barranquilla y Soledad.
Según el exlegislador, los acuerdos no fueron meramente simbólicos: implicarían la redistribución de votos, el aseguramiento de respaldos electorales controlados y la cooptación de instituciones del Estado para favorecer determinados candidatos. Ashton advirtió que varios dirigentes políticos del Caribe sellaron pactos con estructuras del Frente “José Pablo Díaz”, una rama del Bloque Norte de las AUC bajo el mando de alias Don Antonio (Édgar Ignacio Flórez Fierro) y Carlos Mario García Ávila.
La JEP valoró su reconocimiento de responsabilidad política y moral, así como su compromiso de participar en proyectos restaurativos, de memoria y reparación colectiva dirigidos a las víctimas del Atlántico y el Magdalena, centrados en fortalecimiento social, educación y reparación simbólica.
Mención de dirigentes políticos y empresarios presuntamente implicados en parapolítica
Como parte del cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el régimen de condicionalidad de la JEP, Ashton, sometido a la JEP como compareciente voluntario, mencionó a diversas personas que habrían participado o facilitado el establecimiento de alianzas entre políticos y empresarios de la Costa Caribe.
En audiencia única de aporte a la verdad plena, el compareciente mencionó que el senador Efraín José Cepeda Sarabia habría mantenido acercamientos y acuerdos electorales indirectos con sectores apoyados por paramilitares, especialmente en el marco de alianzas departamentales y de redistribución de votos en Barranquilla y Soledad, en Atlántico. Asimismo, mencionó al exsenador David Char Navas, quien habría obtenido algún tipo de apoyo en actividades económicas y políticas por parte de estructuras paramilitares.
El excongresista también dijo que los senadores Mario Enrique Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo, Efraín José Cepeda Sarabia, David Char Navas, Jorge Alberto Gerlein Echeverría y él mismo, apoyaron la aprobación de las partidas en el presupuesto nacional para financiar los proyectos específicos que realizaba el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC con la Alcaldía de Barranquilla.
“Todos ellos, incluyéndome a mí, apoyábamos y ayudábamos a que del presupuesto nacional sacaran las partidas para financiar esos proyectos. Eso es muy importante porque con esos recursos se nutrían ellos para seguir delinquiendo en los otros municipios”, dijo.
De igual forma, señaló que ponían el poder legislativo al servicio de las AUC, como en el caso concreto del debate sobre la Ley 975 de 2005, destacando que, el entonces parlamentario Armando Benedetti Villaneda —actualmente ministro del Interior—, “era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para las AUC como el artículo que hablaba de la sedición y el de la alternatividad penal que fueron negados en las comisiones primera de Senado y Cámara y fueron apelados por Benedetti, […] en la Cámara”.
Entre los otros políticos mencionados por Ashton están: el exalcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenigsberg Bornacelly, y su jefe de planeación, José Pérez Orozco. El empresario y propietario de la firma Consultores del Desarrollo S.S.A. (Condesa), David Name Terán. El exgobernador de Magdalena, Trino Luna Correa, y Neyla Alfredina Soto Ruiz, conocida como ‘la Sombrerona’, involucrados en acuerdos políticos con las AUC. La exalcaldesa de Soledad, Rosa Stella Ibáñez, y su secretario de Educación, Alfredo Noya Zabaleta, implicados en desvío de recursos públicos. Y a los excongresistas Álvaro Araujo Castro y Tarquino Pacheco Camargo, vinculados en alianzas políticas con paramilitares.
En sus aportes de verdad, Ashton explicó cómo algunas decisiones de la época se tomaron con el fin de beneficiar los intereses de la parapolítica. Por ejemplo, con la reforma política de 2003 que permitió la división de partidos políticos, de la cual surgieron Colombia Viva, Alas Equipo Colombia y Colombia Democrática, partidos que favorecieron el fortalecimiento de grupos paramilitares.
“Todos los partidos que se organizaron a raíz de la reforma constitucional de 2003 eran justamente para ir orientado el propósito fundamental de las autodefensas, que era el de la refundación del país de tomarse desde arriba el poder”, dijo Ashton. Y mencionó la influencia de Óscar Darío Pérez Pineda, Óscar Alberto Arboleda Palacio y Jorge de Jesús Castro Pacheco en esta dinámica.
Destacó nombres de empresarios como Juan García Estrada, alcalde de Barranquilla encargado para la época, y Roberto Castillejo, asesor de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), a quien tildó de ser “asesor de las AUC en el tema ambiental”. Así mismo, incluyó a Julio Gerlein Echeverría, Edgardo Navarro Vives, Edgardo Osorio Vargas y al contratista Javier Haddad, mencionados como financiadores del Bloque Norte de las AUC.
Los testimonios de Asthon sugieren que varios de estos dirigentes, aunque no fueron judicializados o hoy gozan de libertad, mantuvieron relaciones de cooperación política, intercambio de apoyos o silencios estratégicos que facilitaron la penetración del paramilitarismo en la política regional.
Asimismo, Ashton señaló la participación de miembros de la organización masónica de Barranquilla, la cual habría servido como espacio de encuentro y articulación política, económica y social entre empresarios, dirigentes locales y emisarios del Bloque Norte de las AUC.
Según el compareciente, algunos integrantes de dicha logia habrían mediado en reuniones, apoyos financieros y acercamientos entre líderes empresariales, políticos y representantes del paramilitarismo, en un contexto en el que “la masonería servía como escenario de influencia social y de legitimación pública” para la materialización de ciertos pactos de poder y acuerdos de cooperación electoral.
El compareciente también hizo referencia a funcionarios del Gaula Militar, como el mayor Jesús Orlando Barón, y a la infiltración de las estructuras armadas en instituciones como la Universidad del Atlántico, el Hospital Materno Infantil de Soledad y la empresa Triple A, todas utilizadas para obtener control político, contratos y legitimación social. “Hoy (…) la Universidad del Atlántico está padeciendo esas consecuencias gravísimas que generó la complicidad que tuvimos con esas organizaciones al margen de la ley”, dijo Ashton.
Ashton reconoció que contribuyó “a la expansión y consolidación de esos grupos al margen de la ley”; y expresó su arrepentimiento y solicitud de “perdón público a todos y cada uno de los ciudadanos de Barranquilla”. “Tengo que reconocer, nuevamente, mi responsabilidad personal y política. Y no fue indirectamente, fue conscientemente, yo ratifico que fue una decisión deliberada mía”, enfatizó.
Luego del ejercicio de contrastación de estos aportes de verdad realizados por Ashton, la sala ordenó levantar la reserva de la audiencia única de aporte a la verdad plena llevada a cabo los días 20 y 21 de febrero de 2025, la cual se hará pública en los canales oficiales de la JEP en los días próximos a la comunicación de esta decisión.
Y, como parte del proceso, ordenó remitir copias de las declaraciones del compareciente a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación, para que en el marco de sus competencias determine si hay lugar a iniciar investigaciones penales contra las personas mencionadas por el compareciente.
