Los excolaboradores del Gobierno Petro fueron imputados por concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco del proceso por el escándalo de la UNGRD.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó oficialmente los centros de detención donde cumplirán la medida de aseguramiento preventiva los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con la disposición del INPEC, Ricardo Bonilla fue trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo), ubicado en el norte de Bogotá. Este establecimiento, que combina funciones académicas con áreas de reclusión para funcionarios de alto perfil, fue seleccionado considerando factores como la edad del exministro (76 años) y su estado de salud, que incluye antecedentes de isquemia cerebral y otras afecciones crónicas.
El exministro de Hacienda, quien permaneció inicialmente en el búnker de la Fiscalía tras su captura el 18 de diciembre, fue reseñado judicialmente y trasladado en las últimas horas.
Por su parte, Luis Fernando Velasco permanecerá en la Escuela de Carabineros de Cali, en el Valle del Cauca. El exmininterior se entregó voluntariamente en la capital vallecaucana la noche del 18 de diciembre y ha cumplido con la medida desde entonces, destacando su respeto a las instituciones.
Estas instalaciones, guarniciones policiales con condiciones especiales para reclusos de alto perfil, fueron elegidas tras la legalización de capturas el 19 de diciembre por la jueza Leonor Oviedo, quien emitió las boletas de encarcelamiento dirigidas al INPEC. La decisión inicial del Tribunal Superior de Bogotá, a cargo de la magistrada Aura Alexandra Rosero, rechazó la detención domiciliaria solicitada por la Fiscalía debido a la gravedad de los delitos imputados: concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Los exministros niegan las acusaciones y sus defensas apelaron la medida, argumentando falta de riesgo de fuga o interferencia. El proceso avanza en etapa de investigación, con la Fiscalía presentando pruebas sobre un presunto esquema que involucró el direccionamiento de contratos por más de 600.000 millones de pesos para obtener respaldos políticos en los proyectos de reformas sociales.
El caso, que incluye a otros implicados como el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, continúa generando fuerte impacto político y social en Colombia. El presidente Gustavo Petro ha expresado desacuerdo con la decisión, defendiendo a sus excolaboradores.
