Los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía indican que el exfuncionario habría extralimitado sus funciones.
La Fiscalía General de la Nación radicó ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación formal contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, como presunto responsable del delito de prevaricato por acción (en concurso homogéneo).
Según el ente acusador, Leyva habría extralimitado sus funciones al expedir tres actos administrativos que buscaron obstaculizar la licitación 001 de 2023, cuyo objeto era la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor aproximado de 559.000 millones de pesos.
Los hechos ocurrieron el 13 de septiembre de 2023. Pese a que un comité evaluador recomendó adjudicar el contrato a una unión temporal (encabezada por Thomas Greg & Sons) que cumplía todos los requisitos, Leyva suscribió la Resolución 7485, declarando desierta la licitación bajo el argumento de que existía “un único oferente”.
Tras el recurso de reposición interpuesto por la unión temporal, el excanciller lo negó y ratificó su decisión. Ese mismo día expidió un nuevo acto administrativo declarando la urgencia manifiesta, lo que permitió la adjudicación directa del contrato sin proceso licitatorio.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema considera que estas actuaciones pusieron en riesgo la continuidad en la expedición de pasaportes y vulneraron el derecho de los ciudadanos a la libre movilidad internacional. Además, señala que Leyva tuvo oportunidad de corregir sus decisiones y no lo hizo.
El caso avanza ahora a la etapa de juicio en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde la Cancillería ha sido reconocida como víctima.
Este proceso fue uno de los motivos que llevaron a la salida de Álvaro Leyva del Ministerio de Relaciones Exteriores en enero de 2024.
