“Se les ha contestado que no hay ninguna negociación, no hay estatus político, no suspensión de órdenes de captura, no suspensión de extradiciones; tienen que esperar la ley de sometimiento”; aclaró el ministro de Justicia Iván Cancino.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que varios peligrosos delincuentes y cabecillas de grupos armados organizados del país han enviado comunicaciones al Gobierno nacional solicitando una salida negociada. Sin embargo, la respuesta oficial ha sido categórica y por escrito: “no existe ninguna negociación”.
“Se les ha contestado por escrito que no hay ninguna negociación ni hay estatus político. Ya lo veremos cuando se apruebe la ley de sometimiento”, afirmó Cancino en declaraciones a medios durante su agenda en Santander. El funcionario no reveló los nombres de las organizaciones ni de los cabecillas involucrados, al tratarse de información reservada, pero reconoció que muchas agrupaciones han establecido ese contacto y que en algunas de esas misivas pedían beneficios.
Estas declaraciones se enmarcan en la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella, quien desde su llegada al poder ha insistido en que los criminales solo tienen dos caminos: el sometimiento a la justicia o enfrentar todo el peso del Estado. El Gobierno ha cerrado de manera explícita la puerta a mesas de diálogo político, gestores de paz o reconocimiento de estatus político, marcando una ruptura con la llamada “Paz Total” del gobierno anterior.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que varios peligrosos delincuentes y cabecillas de grupos criminales del país han pedido pista al Gobierno Nacional para negociar con la justicia. "Se les ha contestado, no hay ninguna negociación", dijo. #VocesySonidos pic.twitter.com/uMLbqkQRjx
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 23, 2026
La Ley de Sometimiento: el marco jurídico en preparación
La única vía que el actual Ejecutivo contempla es la Ley de Sometimiento a la justicia, un proyecto que se encuentra en etapa final de revisión por parte de la Presidencia y que será presentado próximamente al Congreso. Según los detalles revelados por Cancino en entrevistas a medios y pronunciamientos públicos, la iniciativa ofrece rebajas de pena condicionadas: hasta el 30 % para quienes ejerzan mando dentro de las estructuras y hasta el 50 % para los demás integrantes. Estos beneficios no serán automáticos y dependerán del cumplimiento estricto de varias condiciones.
Entre los requisitos se incluyen:
- Entrega de armas y desmovilización.
- Aporte de verdad sobre hechos criminales, rutas de economías ilícitas, cultivos ilícitos, personas desaparecidas y secuestradas.
- Reparación a las víctimas (quienes tendrán un rol central e incluso podrán influir en beneficios como la libertad condicional).
- Información sobre corrupción y vínculos políticos.
- Entrega total de los bienes adquiridos ilícitamente, sin devolución de ningún porcentaje.
El ministro ha sido enfático en que no habrá cárceles especiales ni privilegios penitenciarios. Los sometidos cumplirán penas en establecimientos ordinarios o productivos. Tampoco se creará una jurisdicción especial ni se suspenderán órdenes de captura o extradiciones. La interlocución con el Estado solo podrá realizarse a través de abogados, no de representantes políticos de las organizaciones.
“Es una ley de sometimiento a la Constitución. No hay la más mínima posibilidad de que este Gobierno abra espacios para mesas de diálogo, para negociaciones, para un estatus político”, reiteró Cancino. Agregó que jamás se abrirán canales para que los grupos ilegales opinen o debatan sobre el contenido de la norma.
Paralelamente, el Gobierno avanza en un Estatuto Antiterrorista que contemplaría listas oficiales de organizaciones, mandos y rutas del narcotráfico, con normas más estrictas contra sus finanzas.
