El mandatario de la capital del Atlántico acusó al Gobierno nacional de ceder ante criminales. “Estar del lado de los delincuentes es una falta gravísima”, dijo.
La seguridad se ha convertido en el epicentro del choque político nacional. Nuevamente, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lanzó otro duro pronunciamiento contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que salieran a la luz audios divulgados por medios de comunicación sobre conversaciones sostenidas en el marco de acercamientos y negociaciones con el Clan del Golfo.
Las grabaciones conocidas públicamente abrieron una nueva discusión nacional sobre los límites de la política de paz y las concesiones que, según las revelaciones, habrían sido planteadas para facilitar el desarrollo de los diálogos.
En ese contexto, Char cuestionó con dureza cualquier posibilidad de flexibilización frente a estructuras criminales y aseguró que el Estado no puede enviar mensajes que, en su concepto, debiliten la acción de la fuerza pública.
“Un gobierno que se arrodilla a las bandas criminales, un gobierno que se congela ante las bandas criminales, eso es vender la patria”, expresó el mandatario distrital durante sus declaraciones a medios locales el pasado miércoles 24 de junio.
El alcalde sostuvo que, a su juicio, permitir beneficios o reducir la presión operativa contra organizaciones ilegales representa una señal equivocada frente a la lucha contra la criminalidad y el control del territorio.
“Alguien que se entrega y que le dice a los criminales: ‘tranquilo, sigue delinquiendo, que yo te muevo a las fuerzas militares a un lado para que tú sigas delinquiendo’, eso no tiene razón de ser”, afirmó.
Char fue más allá y señaló que este tipo de actuaciones deberían generar, según sus palabras, cuestionamientos de alcance nacional e incluso internacional, al considerar que afectan la manera como debe ejercerse la autoridad del Estado.
Las declaraciones llegan en un momento de alta tensión política, luego de que se conocieran informes periodísticos sobre presuntos ofrecimientos relacionados con medidas como suspensión de operaciones, revisión de órdenes judiciales y otros elementos asociados al desarrollo de los acercamientos con el grupo armado. Las autoridades nacionales y los actores involucrados han sostenido distintas posiciones frente al alcance e interpretación de esos diálogos.
