En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la cifra de familias afectadas se incrementó un 213%.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, presentó el 27 de octubre desde Sincelejo, Sucre, el informe del tercer trimestre de 2021 sobre el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia.
Las cifras son críticas y no dan cabida a dudas sobre el flagelo que siguen sufriendo muchos colombianos sometidos a las acciones violentas de los grupos armados y a la deficiente acción, prevención y solución por parte del Estado.
“Un total de 5.266 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado en doce municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Como Defensoría del Pueblo trabajamos para que estas personas sean atendidas, se respeten sus derechos y puedan retornar a sus territorios”, indicó Camargo.
Los desplazamientos ocurrieron específicamente en los municipios de Ituango y Peque, en Antioquia; Montecristo, en Bolívar; Santander de Quilichao y Argelia, en el Cauca; Nuquí, Lloró y Medio San Juan, en Chocó; Magüí Payán y Tumaco, en Nariño; en Cúcuta, Norte de Santander; y en Buenaventura, Valle del Cauca. El defensor destacó que entre las víctimas están 8 comunidades afro y 4 indígenas.
La dimensión de esta cifra, alarmante de por sí, se contempla de manera más amplia si se tiene en cuenta que el aumento de familias desplazadas por la violencia fue de 213% frente a los mismos meses del año anterior, cuando 1.682 hogares resultaron afectados.
En cuanto al número de personas, se pasó de 7.542 a 15.644, es decir, un aumento del 107%. El defensor Camargo agregó sobre la violencia a la que han sido sometidas estas comunidades:
“Para la Defensoría del Pueblo resulta preocupante que al finalizar el mes de septiembre se mantuvieron las causas que afectan a las comunidades, como acciones de diferentes grupos armados ilegales por el control territorial a partir de intimidación, amenazas, asesinatos, control social, retenes ilegales, combates con interposición de población civil, utilización de artefactos explosivos improvisados y enfrentamientos; generando crisis humanitarias en los territorios”.
Otros datos revelados por la Defensoría sobre el desarrollo en el mencionado trimestre de este mal que sigue carcomiendo a la sociedad colombiana son:
- Durante el mes de julio se observó que el Pacífico seguía siendo el epicentro de la disputa territorial armada para resguardar las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.
- Las acciones de las organizaciones armadas impidieron la movilidad de 10.065 personas, que integran 2.454 familias de 38 comunidades, las cuales debieron permanecer confinadas ante el temor de afectaciones a su vida e integridad en Caloto, Cauca; Acandí, Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Medio San Juan y Nuquí, en Chocó; Tumaco, Nariño; Puerto Leguízamo, Putumayo; y Buenaventura, Valle del Cauca.
- En agosto, la población de la región Pacífica que ha sido desplazada en los eventos masivos iba regresando a sus lugares de origen sin el acompañamiento de las instituciones competentes, sin garantías de seguridad, de no repetición, de dignidad y dificultades de atención en las zonas receptoras.
Informe: Laura Rocco
