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Acuerdo de Escazú ratificado en Colombia
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¿En qué consiste el Acuerdo de Escazú que unos aplauden y otros critican en Colombia?

El Senado aprobó en segundo debate el proyecto ambientalista que busca ratificar dicho tratado.

Luego de que el pasado 26 de julio el Senado de la República aprobara el proyecto de ley en pro de ratificar el Acuerdo de Escazú, queda muy poco para su implementación, su trámite en la Cámara de Representantes y la sanción presidencial, que ya estaría en manos de Gustavo Petro Urrego.

Pero ¿en qué consiste dicho acuerdo que ha generado polémica en Colombia? Este es un tratado ambiental de América Latina y el Caribe el cual busca que los ciudadanos puedan tener acceso a la información ambiental sobre procesos y proyectos que les generen un impacto, proteger los derechos ambientales y de los líderes, promover la participación pública en la toma de decisiones, el acceso a la justicia en este tipo de asuntos y la cooperación de los países que lo firmaron.

El “Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe” fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, hasta el 26 de septiembre de 2020 estuvo abierta la posibilidad para que los países lo firmaran (Colombia lo hizo el 11 de diciembre de 2019) y entró en vigor el 22 de abril de 2021, Día de la Tierra.

Este tratado fue firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, 13 de ellos lo han ratificado. Aunque Iván Duque, expresó su apoyo abiertamente, no se logró aprobar en su mandato.

El senador Iván Cepeda fue el autor y promotor del proyecto para implementar el acuerdo y aunque con unos acérrimos detractores que dicen temer implicaciones económicas, el proyecto obtuvo el 26 de julio, en segundo debate, 74 votos a favor y 22 en contra.

“Y llegó el día en Colombia en que, luego de años de trampas y dilaciones, el Senado legisló con amplias mayorías a favor de proteger la naturaleza y a quienes la defienden, así como garantizar la justicia ambiental“, expresó Cepeda tras la aprobación.

Algunos de los argumentos de los detractores en el Senado y diferentes áreas de la política son la posibilidad de que genere impedimentos para las inversiones y el hecho de que resulta “innecesario” en Colombia debido a que el país cuenta con mecanismos de participación ciudadana en temas ambientales y para la protección de líderes.

Sin embargo, quienes lo apoyaron, como el hoy presidente de la Comisión Tercera del Senado, Gustavo Bolívar, la senadora Clara López y la vicepresidente electa, Francia Márquez, han asegurado que por el contrario, podría hacer que las inversiones se enmarquen en la justicia y sostenibilidad ambiental con la participación de la ciudadanía y hacer al territorio nacional más atractivo para los inversores extranjeros por generar mayor confianza a través de la revisión de las normas a favor de la naturaleza y las comunidades.

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