El Gobierno defiende la iniciativa como un paso necesario hacia la “paz urbana” y la desmovilización gradual de bandas que controlan territorios en el Valle de Aburrá.
La Fiscalía General de la Nación suspendió temporalmente las órdenes de captura vigentes contra 23 cabecillas de estructuras criminales de alto impacto que operan en Medellín y el Valle de Aburrá. La medida, adoptada mediante la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, busca permitir su participación plena en el Espacio de Conversación Sociojurídico impulsado por el Gobierno nacional en el marco de la política de “Paz Total”.
La decisión obedece a una solicitud directa de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y tiene una vigencia inicial de seis meses, prorrogable según los avances del proceso. Durante este periodo, las autoridades no podrán ejecutar las capturas en los casos cobijados, aunque las investigaciones y procesos judiciales siguen vigentes.
La suspensión aplica específicamente en Medellín, los nueve municipios del Valle de Aburrá (Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa), Rionegro y, de ser necesario, en Bogotá para gestiones relacionadas con los diálogos.
Los 23 beneficiados son voceros principales y suplentes de la denominada Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá. Siete de ellos ya recuperaron la libertad en meses recientes tras cumplir penas.
Entre los nombres y alias más reconocidos figuran Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom (vinculado históricamente a la Oficina de Envigado); José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas (Cabecilla de la Terraza); Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias el Montañero; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo; Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23 y Walter Alonso Román Jiménez, alias el Tigre.
La lista completa incluye además a Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas; Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias el Indio; Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa; Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo; Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván el Barbado; Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo (cabecilla de el Mesa); Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias el Abogado; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias el Compa; Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.
Los beneficiarios deberán suscribir un acta de compromiso en la que se comprometen a no portar armas, no usar prendas militares y no cometer nuevos delitos. La medida no aplica en casos de flagrancia por delitos graves como secuestro, extorsión o violaciones a derechos humanos.
Los diálogos sociojurídicos se adelantan desde junio de 2023 en la cárcel de Itagüí. El Gobierno resalta avances como la reducción histórica de homicidios en Medellín y el Valle de Aburrá entre 2024 y 2025, la eliminación de “fronteras invisibles” en barrios y la disminución de extorsiones. La Fiscalía argumenta que la suspensión es necesaria para que los voceros puedan moverse sin temor y avanzar en la desarticulación de estructuras y la transformación de economías ilícitas.
La decisión ha generado fuerte controversia en sectores políticos y de seguridad local. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la han calificado como un “favor electoral” y una forma de “entregar el país a la delincuencia”. Desde la oposición, Paloma Valencia habló de “impunidad” y cuestionó los fines electorales de la medida en plena época preelectoral.
“El gobierno insiste en liberar criminales mientras los colombianos sufrimos la violencia. Ahora quieren darle espacio a la criminalidad en Antioquia para ganar elecciones allá. Denunciaremos ante instancias internacionales: el gobierno se está haciendo cómplice de la criminalidad para buscar ganar las elecciones”, declaró la candidata presidencial.
