El juez que decidirá el caso se encuentra estudiando los argumentos de las partes involucradas.
El destino de Salvatore Mancuso se ha tornado incierto, pues no se sabe con exactitud si será dejado en libertad o no, en función del papel que desempeñará como gestor de paz tras ser designado por el presidente Gustavo Petro. Este panorama se presenta después de las audiencias realizadas en su contra por tribunales de Justicia y Paz a raíz de las 33 órdenes de captura que pesan en su contra por delitos cometidos cuando fue cabecilla de las AUC.
En línea con esto, será el magistrado de control de garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, José Manuel Bernal Parra, quien decidirá el próximo 20 de marzo, fecha en la que fue fijada la audiencia de solicitud de libertad ante esta jurisdicción, si concede o no la libertad extraordinaria al exjefe paramilitar en procura de desempeñar su labor.
No obstante, para tomar esta trascendental decisión se pudo conocer que el togado se encuentra estudiando los argumentos presentados por la Fiscalía, Procuraduría, la defensa de Mancuso y las víctimas, con el fin de dar un veredicto conforme a lo establecido por los parámetros de ley.
Dado esto, vale la pena mencionar que en una primera instancia Justicia y Paz otorgó a Mancuso la libertad a prueba por un período de cuatro años, aunque esto se encontraba sujeto a la decisión que adoptara el Tribunal de Barranquilla y el de Bogotá, donde se encuentran aperturadas las investigaciones y procesos que se le imputan al exparamilitar.
En ese sentido, el pasado 13 de marzo el Tribunal de la capital del Atlántico decidió negar la solicitud de libertad, argumentando que el decreto por el que fue nombrado gestor de paz “tiene serios vicios que la hacen incompatible con la Constitución Política” y por tanto otorgarle el beneficio bajo un panorama tan abstracto, sin limitación de tiempo o zona geográfica, sería asemejar su papel al que cumple el alto comisionado de Paz.
Ahora la determinación final la tiene en sus manos el magistrado de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, pues su sentencia dispondrá si Salvatore Mancuso queda en libertad a prueba por el período devengado en función de su labor como gestor de paz o si por el contrario, deberá permanecer encarcelado en La Picota.
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Las posiciones de la Fiscalía, Procuraduría, víctimas y defensa de Mancuso
La postura de la Fiscalía sostiene que es viable levantarle las 33 solicitudes de prisión preventiva a Mancuso para que inicie sus labores de gestor de paz en el marco de la verdad y de la reparación a las víctimas de sus crímenes.
la Procuraduría asienta su posición en que el exjefe de los Bloques Norte y Catacumbas de las AUC no tiene representación alguna sobre las estructuras paramilitares que se formaron posterior a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es decir, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y por tanto “sería un nefasto precedente para la sociedad acceder a la petición de libertad” y el desplazamiento de él por zonas donde cometió delitos de lesa humanidad.
Los representantes de las víctimas por su parte pidieron que las solicitudes de prisión preventiva contra el exparamilitar fueran levantadas y se le conceda la libertad, toda vez que su papel como gestor de paz será clave para “seguir aportando verdad y reparación en los territorios que su macroestructura criminal perpetró durante los años noventa y dos mil”.
Y la defensa de Mancuso argumenta que en ningún momento ha sido delegado por las actuales Autodefensas armadas que persisten en el país, sino como puente para llegar a una eventual negociación con el Gobierno del presidente Gustavo Petro en aras de una paz total.
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