El personal de las ambulancias argumenta que están exentos de pagar el peaje mientras vayan con alguna emergencia médica. No obstante, argumentan que les impidieron el paso porque, supuestamente, es la nueva directriz impartida por el Gobierno.
Dos casos similares ocurridos en las últimas horas han causado un poco de indignación y malestar entre el gremio de Servicios de Emergencias Médicas del departamento del Atlántico. Paramédicos de dos ambulancias afiliadas a centros clínicos distintos, denunciaron lo que para ellos es un “atropello” y “juego contra la vida de la ciudadanía”, luego de que se les impidiera el paso por el peaje que está ubicado en la Cordialidad, entre los municipios de Galapa y Baranoa.
Conforme al testimonio entregado por uno de los paramédicos, en horas de la mañana de este lunes 28 de septiembre, alrededor de las 8:28 a. m., atendieron una emergencia asociada a un accidente de tránsito que involucró dos motocicletas en el kilómetro 111 de la mencionada vía, esto en jurisdicción de Galapa. Indica que el hecho dejó a una persona gravemente herida, con trauma craneoencefálico y otras condiciones médicas, por lo que el protocolo, en esos casos, ordena que el paciente sea trasladado al centro de salud más cercano que atienda este tipo de traumas.
Añadió que, atendiendo las condiciones, optaron por llevar al paciente a la Clínica Santa Ana, ubicada en Baranoa, teniendo en cuenta que Galapa no posee centros de salud de segundo o tercer nivel propios para la atención de ese tipo de emergencias médicas. Fue en ese punto, donde se presentó la situación que ha generado indignación y rechazo, pues afirma, en el peaje se les impidió pasar bajo el argumento de que tenían que pagar la cuota que correspondía.
“Lo grave del asunto es que llevábamos un paciente en condición grave de salud, se nos podía morir, pero eso a ellos (funcionarios del peaje) no les importó en absoluto. Nos decían que teníamos que pagar el valor correspondiente a este tipo de vehículos. Ahí estuvimos detenidos como seis minutos hasta que dieron la orden de dejarnos pasar, y eso, porque la médica y un familiar del paciente se bajaron de la ambulancia a pedir que nos dejaran seguir”, afirmó el paramédico.
Según lo manifestado por el denunciante, en el peaje les alegaban que esa era la nueva directriz impartida desde el Gobierno nacional, teniendo en cuenta que esta caseta de recaudo es operada actualmente por la Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI), entidad suscrita al Ministerio de Transporte.
Un caso previo denunciado horas antes
Antes de darse este caso, se había tenido conocimiento de otra situación idéntica acontecida la noche de ayer, domingo 27 de septiembre. Pablo Yepes, conductor de la ambulancia de la Clínica Santa Ana, en Baranoa, también denuncia una situación en la que se les impidió pasar por el peaje sin pagar el valor exigido.
El relato de este segundo conductor precisa que se había presentado otro accidente de tránsito en la vía la Cordialidad, a la altura de Ranch Texas, donde dos personas resultaron heridas de consideración. Ellos recibieron el llamado de emergencia y decidieron acudir inmediatamente, pero cuando llegaron a la caseta de recaudo les pusieron su límite.
“La solución que nos dieron en el consorcio era mover a los heridos hasta después del peaje y que fueran transbordados para posteriormente recibir atención médica”, contó Yepes.
La situación la calificaron de preocupante porque este sería otro caso que se presenta en el peaje de Galapa, donde en pasada ocasión un vehículo del cuerpo de bomberos tampoco le habrían permitido pasar para apoyar en una emergencia.
¿Qué dice la norma o la ley?
La Ley 787 de 2002, que modificó parcialmente el artículo 21 de la Ley 105 de diciembre 30 de 1993, subraya que las tasas y tarifas “deberán cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y de las demás instituciones que prestan funciones de Policía Judicial”.
Con esta serie de situaciones quedan algunas preguntas por responder, pero en ambos casos el personal de las ambulancias alega que nunca antes les había sucedido que les impidieran el paso en el peaje bajo el argumento de que tenían que pagar. Reconocen que cuando no llevan algún paciente herido o de gravedad si deben pagar la tarifa correspondiente, pero advierten que cuando la situación es de urgencia el protocolo exige que las talanqueras sean levantadas y si hay fila vehicular se les permita el paso prioritario.
Informe: Luis Ángel Terán
